Más democracia, menos balas

Desde hace años, participar en política en este país implica un riesgo que no debería de existir. Durante los períodos de proceso electoral los discursos sobre participación ciudadana, democracia y representación se han visto ensombrecidos por una brutal realidad: la violencia política. Es un fenómeno constante y es preocupante que cada proceso supere al anterior.

En 2018, año de elecciones presidenciales, se registraron más de 130 asesinatos vinculados a actores políticos en nuestro país, casi 50 de las víctimas eran aspirantes o candidatos. Algunas campañas no llegaron a su fin; otras sí, pero a un costo altísimo, fue un aviso. Para 2021, con elecciones intermedias en puerta, las cifras volvieron a romper récords. Los ataques, amenazas, secuestros y homicidios dejaron claro que no se trataba de hechos aislados, sino de una dinámica que había llegado para quedarse. Se hablaba entonces y con razón, de la elección más violenta en décadas.

El proceso de 2024, aunque aún reciente, tampoco escapó a esta espiral, decenas de candidatos fueron asesinados. La violencia no distinguió partidos, ni regiones, hubo miedo en municipios pequeños y en capitales estatales. Los estados de Guerrero, Chiapas y Michoacán figuraron como los más afectados, pero el fenómeno fue nacional y ahora, rumbo a 2025, el problema no solo persiste, empeora en algunas zonas del país.

En Durango y Veracruz la violencia no es una amenaza abstracta, es un peligro tangible que ya ha cobrado vidas, lo más alarmante es que lo hemos normalizado. 

Durango vive un proceso marcado por la tensión, las campañas no transcurren en libertad. En ciertos municipios, la presencia de grupos armados condiciona todo: desde las rutas que pueden seguir los candidatos, hasta los lugares donde se permite —o no— realizar actos públicos. Hay espacios donde no se compite, se sobrevive.

Es profundamente lamentable que, en lugar de debates y propuestas, algunas campañas terminen en funerales, no hay partido político que no tenga bajas en sus filas en cada proceso electoral. Más allá del color partidista lo que está en juego es el derecho de las personas a la representación y la participación política de las y los candidatos sin que el miedo sea lo que prevalezca, la inseguridad durante el proceso electoral es un fenómeno transversal que amenaza a toda la clase política y, por ende, a la democracia misma. 

En este contexto, habría que preguntarse con seriedad: ¿de qué sirve una elección si el miedo dicta quién aparece en la boleta? ¿Qué clase de voto es posible cuando el silencio se impone como mecanismo de defensa? ¿Cuántas voces deben ser silenciadas en cada proceso electoral para que el Estado reaccione?

En Veracruz, no habían pasado ni 24 horas del inicio de la campaña, cuando ya nos llegaba la terrible noticia de que Germán Anuar Valencia, candidato de Morena a la alcaldía de Coxquihui, había sido asesinado en su casa de campaña. Este crimen no solo pone en evidencia la falta de protección por parte de las autoridades, sino también la indiferencia con la que muchas veces se recibe la noticia de una candidata o candidato caído. 

El Secretario de Gobierno del estado, informó que 20 aspirantes a presidencias municipales han solicitado medidas de protección, sin embargo, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) tiene registro únicamente de 11 solicitudes formales. 

Nuestro dirigente estatal Luis Carbonell de la Hoz, denunció que al menos diez de nuestras personas candidatas habían sido amenazadas; cinco se retiraron de la contienda antes de iniciar la campaña, mientras el gobierno del estado aseguraba que "no había focos rojos" por violencia en la entidad.

No hay forma de hablar de equidad o legalidad en una contienda donde no hay garantías mínimas para ejercer derechos básicos, ni para candidatos, ni para votantes. 

Hacer política en México se ha vuelto un acto de valentía y eso no es una virtud democrática, sino una falla estructural del Estado. Hacemos un llamado urgente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a los gobiernos estatales y municipales, para que implementen protocolos de protección reales y eficaces para todas las personas candidatas, de todos los partidos.

No se trata solo de proteger a las y los candidatos, se trata de proteger el derecho de la ciudadanía a elegir libremente ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las balas dicten lo que se debería decidir en las urnas?

Agustín Torres Delgado

Secretario General de Acuerdos 

Movimiento Ciudadano