LOS VETOS DE SEDENA

Si en política no hay coincidencias –una frase muy usada por los viejos priistas–, entonces cómo debe interpretarse el fulminante veto que la Fuerzas Armadas acaban de ejercer en contra de , quien no alcanzó a cobrar ni su primera quincena como flamante secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo.

Sin explicar los motivos, el viernes pasado, cuatro días después de haber asumido el cargo, Castilla Craviotto fue removido por la gobernadora Mara Lezama. Sin embargo, a la mandataria de la alianza Morena-PVEM le concedieron designar al Contralmirante Rubén Oyarvide Pedrero, en cuya administración municipal como alcaldesa de Benito Juárez (Cancún) había ocupado la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.

El sorpresivo veto de la Sedena al yucateco Manelich desató todo tipo de especulaciones pues se consideraba recomendado de la presidenciable Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y de su jefe policiaco Omar García Harfuch, con quien Castilla Craviotto se formó en la extinta Policía Federal (PF).

Y es que para la escritora y periodista Anabel Hernández, especialista en temas de corrupción policiaca y narcotráfico, Manelich Castilla es un personaje clave en el deslinde que García Harfuch ha pretendido hacer de su presunta responsabilidad durante la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Según la reportera, la declaración del entonces funcionario de la PF, como otros documentos, exhiben una protección negligente hacia el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México. En enero del año pasado Hernández publicó que “Juan”, un testigo colaborador, declaró en febrero de 2020 que cuando García Harfuch era Coordinador de la PF en Guerrero, recibía un soborno mensual de 200 mil dólares, por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, facción ligada al Cártel de Los Beltrán Leyva.

En enero de 2021, Infobae México consultó el oficio PF/DSR/CEG/2724/2014 mediante el cual García Harfuch le informa al entonces comisionario general, Manelich Castilla, sobre una supuesta comisión para realizar “actividades de carácter confidencial” en el estado de Michoacán, aunque no detalla quién le ordenó ese traslado.

Sin embargo, el de Castilla no fue el único veto de la Sedena. En Tamaulipas también obligaron al flamante gobernador Américo Villarreal, de MORENA, a dar marcha atrás al nombramiento anunciado el lunes pasado de Oscar Alberto Aparicio Avendaño, otro expolicía federal y extitular de Seguridad en Tulum, Quintana Roo. Al frente de la SSP quedó el General Sergio Hernando Chávez García, quien estaba en el Estado de México.

Pero, en el estado de Hidalgo, García Harfuch sí logró imponer a su exdirector de Asuntos Internos, Salvador Cruz Neri, como secretario de Seguridad Pública pese a que organizaciones feministas y civiles le advirtieron al gobernador hidalguense Julio Menchaca, también de MORENA, que el recomendado del jefe policiaco de Sheinbaum tenía por lo menos 10 denuncias de abuso sexual, entre ellas una interpuesta en 2011 ante la Fiscalía de Querétaro por intento de feminicidio por su expareja Margarita “N”, una suboficial de la PF. 

¿Cómo se puede explicar esto?