Aunque la popularidad del presidente López Obrador sigue cayendo en las encuestas y las circunstancias del Covid-19, la inseguridad y la recesión económica que acrecentará desempleo y pobreza incuban un descontento social que seguramente castigará en las elecciones de 2021 al partido gobernante, la oposición tampoco la tendrá fácil dado el descrédito y desconfianza que sigue arrastrando entre el electorado que hace un par de años decidió votar por el candidato que prometía un cambio radical para el país.
Al PRI, por ejemplo, está por caerle un tsunami con la anunciada extradición del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, actualmente preso en España, quien será juzgado en México por la fraudulenta compra de la planta de Agro Nitrogenados y los sobornos de Odebrecht, dos casos emblemáticos de la corrupción del gobierno priista del expresidente Enrique Peña Nieto.
Y, por si fuera poco, al proceso contra Lozoya se sumará también el de Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta PGR, un personaje clave no sólo de la polémica “verdad histórica” que el peñanietismo construyó sobre los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, sino además un importante eslabón de las complicidades entre los grupos políticos Atlacomulco e Hidalgo –este último encabezado por los exgobernadores hidalguenses Jesús Murillo Karam, extitular de la PGR, y el exsecretario de Gobernación y actual senador Miguel Ángel Osorio Chong, ambos, por cierto, exprotectores del exmandatario veracruzano del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares–, que en la sucesión presidencial de 2012 impulsaron la candidatura del mexiquense Peña Nieto para que el partido tricolor retornara a Los Pinos, cerrándole el paso a
López Obrador que seis años atrás había perdido oficialmente la elección por medio punto porcentual ante el panista Felipe Calderón.
Zerón se dio a la fuga desde marzo, por lo que la FGR solicitó a la Interpol girara ficha roja para su localización. Fue rastreado en Europa, Estados Unidos, Guatemala, Belice y últimamente en Canadá. Este martes, el fiscal Alejandro Gertz Manero aseguró que ya estaba ubicado, por lo que sería inminente su detención.
Al PAN, por su parte, está por explotarle el caso de la Fiscalía General de Guanajuato, entidad gobernada desde el salinato por el partido blanquiazul y que actualmente está bajo el mando del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confrontado con el presidente López Obrador por la inseguridad, que ha hecho del estado el más violento del país.
Este martes, entrevistado sobre la cuestionada liberación de la madre, hermana y prima de José Antonio Yépez Ortiz, (a) “El Marro”, líder del cártel Santa Rosa de Lima, Gertz Manero anunció que iniciará una investigación para deslindar responsabilidades sobre las fallas y violaciones que se cometieron en ese operativo en Guanajuato, lo que impidió la intervención del Ministerio Público federal, ya que, dijo, “la FGR no está para arreglar los errores y las fallas de los gobiernos estatales”.
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