Si José Luis Lima Franco fuera secretario de Finanzas del estado de Puebla, el economista pozarricense ya estaría tragando camote. Pero afortunadamente el titular de la Sefiplan goza de un super blindaje político en Veracruz, que sabe tiene fecha de caducidad: el 30 de noviembre de 2024. Por eso, dicen, Lima quiere ser candidato a diputado federal para intentar conseguir fuero legislativo.
El problema es que ahora los municipios de Poza Rica y Tuxpan conforman el mismo distrito, y es posible que en la negociación de Morena con sus aliados ceda esa candidatura al PVEM que postularía al exalcalde tuxpeño Alberto Silva Ramos, aunque recientemente fue destapado por el aspirante presidencial Manuel Velasco Coello para la gubernatura.
A Lima le urge blindarse. Y es que esta semana, finalmente, fue cesada en Puebla la secretaria estatal de Finanzas, María Teresa Castro Corro, luego de que hace un mes, a petición del PAN, fuera obligada a comparecer ante el Pleno del Congreso local para que explicara la inversión fallida que por 600 millones de pesos realizó en 2021 con el Banco Accendo, que estaba a punto de caer en bancarrota.
Sospechosamente, los diputados locales de la oposición en Veracruz han guardado silencio respecto a la misma decisión equivocada que también tomó Lima Franco en detrimento del erario veracruzano.
El titular de la Sefiplan sigue sin explicar por qué horas antes del anuncio de revocación de licencia del Banco Accendo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en septiembre de 2021, no hizo lo que sí gestionaron los gobiernos de la Ciudad de México y de Chihuahua, los cuales recuperaron a tiempo sus fondos: 71.4 millones de pesos el primero y cerca de 700 millones el estado fronterizo.
En agosto de 2022, el columnista Miguel Badillo, de El Independiente, publicó que ésta habría sido una de las razones por la que al exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, exprotector político de Lima Franco, no le cumpliera su promesa el presidente de proponerlo como Gobernador del Banco de México.
Según Badillo, a finales de 2021 se tomó la decisión en Palacio Nacional de que Herrera no sería el nuevo gobernador del banco central y que tampoco regresaría al gabinete, al responsabilizarlo de autorizar que gobernadores de oposición endeudaran más a los estados al final de su gestión, ocasionando una grave crisis financiera para las nuevas administraciones de esas entidades asumidas por los candidatos triunfadores de Morena, quienes se quedaron sin dinero para pagar las nóminas de los trabajadores.
“Esto molestó mucho al presidente de la República”, relató el columnista, quien añadió:
“Esto fue lo que prendió las alertas en el gobierno federal, cuando descubrieron que el banco recomendado por Arturo Herrera era precisamente Accendo, el de los hermanos (Francisco Javier, Óscar y Luis) Reyes de la Campa, lo que advertía el riesgo que esto significaba por los negocios sucios que había atrás de ese endeudamiento corrupto, pues los principales accionistas del banco enfrentaban acusaciones de ‘blanqueo’ de capitales, cuentas bancarias congeladas y todos sus bienes investigados”.
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