Si el gobernador Cuitláhuac García fuese militante de algún partido de la oposición –sobre todo del PAN–, ya el mandatario veracruzano de Morena se hubiese declarado “perseguido político” como los hermanos panistas Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, senador y diputado local electos, respectivamente.
Y es que pareciera que, de repente, el aparato del gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador se le vino encima a García Jiménez, quien cada vez se le ve más ansioso de que su administración termine.
¿Alguien se imagina cómo la estaría pasando ahorita el ingeniero si Morena hubiera perdido las elecciones en Veracruz?
En su conferencia mañanera del pasado martes, el presidente le arrimó el caballo al mandatario veracruzano al lamentar los hechos del 20 de junio en Totalco, municipio de Perote, donde los hermanos Jorge y Alberto Cortina, que se manifestaban pacíficamente con otros campesinos en contra de una empresa porcícola que acapara el agua y contamina los mantos freáticos de esa región limítrofe con el estado de Puebla, fueron asesinados a balazos por elementos de la extinta Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
“Estamos informados desde que se dieron los hechos muy lamentables, no debió actuar así la policía del estado, nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe usar la fuerza y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos, se está haciendo la investigación”, asumió el jefe del Ejecutivo federal, quien informó que “ayer (lunes 15) se detuvo a dos policías de la corporación de la policía estatal de Veracruz y se va a continuar con esta investigación, de este proceso y no va a haber impunidad, hoy en la mañana me informaron sobre esta detención de dos policías que participaron en estos hechos, y va a hacerse justicia”, dijo en Palacio Nacional.
AMLO se refería a los policías Juan Carlos “N” y Joel “N”, a los que la Fiscalía General del Estado imputó sólo el delito de abuso de autoridad y no el de homicidio que exigían los activistas y familiares de las víctimas.
Ante el aparente encubrimiento de la Fiscalía veracruzana, tuvo que entrar al quite la Fiscalía General de la República, la cual obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión y posteriormente el auto de vinculación a proceso contra los uniformados Eliseo S. y Baldomero R. por ambos asesinatos.
Y, anteayer, recibió otras dos estocadas. Por un lado, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) puso en evidencia el descuido de su administración al informar que la mayoría de las playas del país son aptas para uso recreativo, con excepción de 10 de Veracruz que exceden los límites permitidos de bacterias enterococos.
¿Cómo le habrá caído la noticia a Rocío Nahle, quien en materia turística pretende “poner de moda” a Veracruz?
Pero, además, Fabián Correa Morales, subdirector del programa de Enfermedades Transmitidas por Vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), declaró que en entidades como Veracruz el dengue se ha salido de control por la falta de inversión de los gobiernos estatales en maquinaria, insumos y contratación de personal para prevenir, vigilar y controlar el mosquito transmisor, así como para la detección temprana de los afectados.
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