En mis espacios, he venido criticando que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se asuma prácticamente como el vocero de la Fiscalía General del Estado.
Se está volviendo ya costumbre que cada vez que ocurre un hecho delictuoso, con fuerte repercusión mediática, es él y no la fiscal Verónica Hernández Giadáns quien sale a informar al respecto.
Acaba de ocurrir de nuevo el lunes cuando en una conferencia de prensa dio su versión sobre el crimen de Gladys Merlín y Carla Enríquez, ocurrido en Cosoleacaque.
Lo sorprendente es que, sin aportar una sola prueba, sino solo su dicho, citó como causa del asesinato a “cacicazgos políticos” locales y politizó el crimen al vincularlo con el actual proceso electoral.
Ayer martes nos amanecimos, sin embargo, con la versión manejada por los prestigiados columnistas Jorge Fernández Menéndez y Salvador García Soto, quienes dieron una versión, con detalles, diametralmente opuesta a la que dio el gobernador.
De acuerdo a lo que publicaron, en forma coincidente, el móvil fue el robo de una fuerte suma, producto de uno de los negocios de Gladys, y un segundo intento de volverle a robar otra cantidad que tendría en su casa.
Hay, pues, dos versiones, la de los periodistas, más sólida, porque dan detalles e incluso nombres y apellidos de los posibles autores e involucrados, y la del gobernador, solo llena de generalidades.
Serála Fiscalía General del Estado la que dé la versión oficial con base en la investigación que realice y que será creíble solo si informa con detalles que no dejen lugar a ninguna duda, porque es público su sometimiento, el de una institución supuestamente autónoma, al titular del Poder Ejecutivo.
La pregunta es por qué el gobernador, que debe estar por encima de toda sospecha y tener un alto grado de credibilidad, se empeña en asumir un papel que no le corresponde, el de vocero de la Fiscalía, y ofrecer versiones que finalmente resultan aventuradas.
El Artículo 49 de la Constitución Política local, en sus incisos del I al XXIII, señala claramente cuáles son sus atribuciones, ninguna de ellas la de vocero de alguna dependencia de su gobierno.
Ese papel le corresponde a la titular de la Fiscalía o a su jefe de prensa, que lo tiene, o en última instancia al coordinador de Comunicación Social del gobierno, aunque invadiría un área que no le corresponde porque la Fiscalía es un órgano autónomo, al menos en teoría.
Ayer, luego de que circuló profusamente en las redes sociales la versión de los columnistas de medios de la Ciudad de México, quedó flotando en el ambiente de la opinión pública estatal la duda de quién decía la verdad o quién estaba más apegado a los hechos.
De entrada, el dicho del gobernador siempre debe estar fuera de toda duda, y él debe tener total credibilidad y no exponerse a la crítica, incluso al ridículo, diciendo cosas que no son verdades, porque tarde o temprano la mentira quedará al descubierto.
En su declaración del lunes, Cuitláhuac habló de coordinación con la Fiscalía, pero si se comprueba que el móvil del crimen fue el robo y que no tuvo que ver con el proceso electoral y con los “cacicazgos políticos” locales, quedará en claro que no hay tal coordinación y que el mandatario se va por la libre, que da su versión muy personal, la que se le ocurre o le conviene, y que él mismo es el autor de que la ciudadanía dude de su dicho, de que no le crea o que cada vez más este dejando de creerle.
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