La sociedad definirá el rumbo del país

Por fin se decidirá el modelo político y económico que asuma este país, después de una muy larga espera entre precampañas y campañas, plenas de sacudidas por la violencia social, atribuidas al crimen organizado con el respaldo de los criminales de cuello blanco incrustados en los medios políticos, empresariales, mediáticos y religiosos. Inseguridad desde Salinas de Gortari en el proceso neoliberal de saqueo, devastación y sobre todo corruptelas, lavado de dinero, moviendo los poderes de impartición de justicia, legislativos y seguridad pública. El crimen penetro las entrañas de gobiernos, de organizaciones empresariales, asociaciones sociales, jerarquías eclesiásticas y medios de comunicación.

En su última mañanera antes de que se celebre el proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la violencia político electoral que hoy se expresa en algunos puntos del país se desató “por el contubernio” entre gobernantes y el crimen organizado que se instauró en pasadas administraciones. “Todavía lo que estamos padeciendo en el caso de violencia política-electoral tiene que ver con eso, de que se establecieron vínculos entre autoridades y delincuencia.”

“Difícil será para esas fuerzas regresivas intentar que se anule el resultado electoral. Habrá de verse el margen de diferencia que se registre. Recuérdese que estas fuerzas ahora con el fin de impugnar necesitarían que hubiera una distancia porcentual mínima para que prospere la pretensión anulatoria. En 2006, por ejemplo, el panismo defendió ardorosamente la diferencia de votos entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, que fue de medio punto porcentual (0.56 por ciento, en concreto), según el muy impugnado dictamen oficial, entre movilizaciones sociales importantes que denunciaron el fraude electoral cometido por el propio Calderón y el presidente en funciones, Vicente Fox”

(Julio Hernández. Astillero).

El golpismo acecha nuevamente a toda Latinoamérica progresista, fuera de golpes de estado por la vía militar y respaldo del capitalismo imperial, hoy se presenta la modalidad de golpe suave bajo la intervención escandalosa de los Congresos, fiscalías regionales y una pléyade de jueces y magistrados al servicio de los intereses oligárquicos.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) se dio a la tarea de analizar qué es y cómo funciona el Lawfare: “Es tendencia actual en América Latina que la oposición a los gobiernos progresistas elegidos democráticamente recurra al uso del derecho con fines políticos”.  México no ha escapado a este proceso de judicialización selectiva de la política, que ha sido posible tras las reformas judiciales mediante las cuales se institucionalizó el Estado de derecho en el tránsito hacia la democracia neoliberal en las últimas décadas del siglo XX. De esta manera, con base en el análisis de las reformas judiciales desde 2004 hasta 2024, se plantean las posibilidades de la formación de un proceso de Lawfare, a partir de elaborar un análisis de coyuntura sobre los procesos en que se  eligieron a gobernantes progresistas como Evo Morales, Lula da Silva, Dilma Rousseft, Rafael Correa, Manuel Zelaya, Pedro Castillo y más recientemente Alberto Fernández y Cristina Kirchner de Argentina, Andrés Manuel López Obrador de México y Bernardo Arévalo de Guatemala. El neogolpismo o golpes suaves rebasaron las dictaduras militares que derrocaron gobiernos de izquierda como el de Salvador Allende de Chile, Jaime Roldos de Ecuador, Omar Torrijos de Panamá, Jacobo Arbenz de Guatemala entre otros.

La degradación del sistema de justicia en México ha llevado a jueces, magistrados y ministros a proteger a delincuentes con amparos para evitar la prisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación muy lejos de las Cortes instituidas por Adolfo López Mateos y Adolfo Ruiz Cortínez, las mejores épocas de la impartición de la justicia en nuestro país. Hoy en día la presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha abierto aún más el grave deterioro de la justicia en favor de los grupos empresariales y del crimen organizado. La cena reciente con Alito Moreno, las impugnaciones a las propuestas de la 4T y aprobadas por el Congreso Federal en materia de petróleo y electricidad, para defender intereses trasnacionales y más recientemente el inminente rechazo a la nueva ley de pensiones que impedirá a los trabajadores jubilarse con el 100 por ciento de su salario y con amenaza de echar abajo el proceso electoral más limpio y justo en la historia de México, que se ha vivido este dos de junio. Todo esto reforzado con las declaraciones de varios obispos neocristeros, añorando  la inquisición para ponerse al servicio de los intereses del capital para el manejo de las conciencias e la sociedad junto a los medios de comunicación.

“El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que hay posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional el Fondo de Pensiones para el Bienestar, sin fundamento, porque la Corte y todo el Poder Judicial, con honrosas excepciones, están al servicio de las minorías”. (La Jornada).

La reconfiguración de las fuerzas conservadoras acontecida en los últimos años ha modificado el tablero geopolítico de América Latina. Entre las más exitosas y complejas está la guerra judicial, que encuentra su origen en escritos de militares estadounidenses y los planes de la banca internacional. La supremacía y abuso del aparato judicial, articulada con la manipulación de la opinión operada por los medios de comunicación para expulsar de la política determinados líderes y grupos, con el objetivo inmediato de restaurar el orden neoliberal. Y que hoy se determinará si México sigue adelante o de plano se va para atrás nuevamente.