El caso Iberdrola demuestra que el gobierno de la República sigue metiendo en cintura a todos los sectores económicos del país que por años fueron beneficiarios privilegiados del régimen neoliberal, recuperando así la rectoría de los actos públicos y sosteniendo el principio de la separación del poder económico del poder político.
Ante el amago de dicha empresa española de retirar una importante inversión en Tuxpan, Veracruz, queriendo seguir beneficiándose de los bajos costos en el suministro de gas natural al que se comprometió el gobierno de Peña Nieto, AMLO y su secretaria de Energía se mantuvieron firmes y no cedieron.
En un mensaje enviado a través del gobernador Cuitláhuac García, se entendió que si Iberdrola retiraba su proyecto de inversión, se dejaría en manos de la CFE la libertad de hacer el proyecto a través de una nueva licitación con la participación de empresas nacionales y veracruzanas.
Finalmente, Iberdrola reculó y en un acto de sensatez envió una carta al presidente de la República manifestando su intención de mantener sus inversiones en México y regresar a la mesa de negociaciones de donde nunca debió apartarse. La jugada maestra entre Presidencia, Secretaría y el gobierno de Veracruz, logró su objetivo. Quedaron en entredicho los actores políticos locales que le siguieron el juego a Iberdrola.
Por mucho tiempo a los gobiernos mexicanos se les imponían no sólo las condiciones de inversión sino los proyectos prioritarios a llevar a cabo; sin autoridad moral ni política, dejaron hacer y deshacer a su antojo a las grandes compañías.
Así pasó en el sector eléctrico nacional, desde su apertura a la inversión privada con Salinas de Gortari,que se profundizó con Zedillo y continuó y se expandió con Fox y Calderón.
En su libro Privatización silenciosa de energía eléctrica (2006), Ana Lilia Pérez, señala lo siguiente: “A finales de la administración de Ernesto Zedillo, los productores independientes generaban apenas el 0.7% de electricidad para autoconsumo, pero durante la administración foxista, para 2004 tenían ya el 22.3% de la generación, que pasó de autoconsumo a la venta de casi toda su producción a la CFE, la cual se convirtió de productora en consumidora”.
Como secretario de Energía, Felipe Calderón apuntaló esa privatización mediante el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2003-2011.
Bajo su presidencia, “para 2009 los corporativos extranjeros y nacionales ya operaban una red paralela que producía y vendía el 49.4% de la energía eléctrica del país. (Privatización de facto del sector eléctrico. Ana Lilia Pérez, octubre de 2009).
En ese contexto crecieron los negocios de Iberdrola a través de sus dos empresas, Iberdrola Generación e Iberdrola Renovables, que mantienen una participación en el mercado del 15% y una inversión acumulada de 137 mil millones de pesos.
El maridaje que esta empresa mantuvo con el poder político se demuestra en el hecho de que Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, se integró como consejera de esa multinacional y Felipe Calderón como miembro independiente al Consejo de Administración de la estadounidense Avangrid, filial de la española Iberdrola.
El presidente López Obrador ha enfrentado en diversos momentos el poderío de las multinacionales y ha salido airoso. Renegoció con las compañías IEnova, Fermaca, TC Energy y Grupo Carso, para evitar pagos de cargo fijo por parte de la CFE que para 2019 rondaban los 16 mil millones de pesos, por cláusulas “de fuerza mayor o evento fortuito”, integradas en los famosos “contratos leoninos”. Asimismo, ha lidiado con las tarifas subsidiadas a grandes empresas que cuestan a la CFE 45 mil millones de pesos, que se aplican mediante el llamado “porteo”, es decir, el uso subsidiado de las redes de transmisión de la CFE por empresas privadas que generan electricidad.
Poco a poco el presidente avanza para que México no siga siendo más una tierra de conquista.
marco.a.medinaperez@gmail.com
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