Inés Romero y Joana, cómplices de la crisis en Poder Judicial

El colmo en Veracruz, dicen los juristas, es que ahora que la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz está por concluir su encargo, restándole cerca de 50 días, quiere cancelar los contratos de 12 judiciales aún restantes, porque asegura, se encuentran ahogados en deudas.

Llama la atención que a principios de su mandato nunca se pronunció respecto a ello, dando por hecho que no barrería para atrás, pues quien, en origen, endeudó al Poder Judicial fue el exmagistrado, hoy amigo entrañable del secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de ahí que se asegura no se le toca ni con el pétalo de una rosa.

Isabel Romero, quien asumió la presidencia del Poder Judicial en octubre de 2020, nunca se pronunció respecto del tema de ciudades judiciales, convirtiéndose en cómplice del desfalco millonario, pues como se ha reiterado, con dichas obras, el ex presidente comprometió el presupuesto público federal por cerca de 24 años, mediante el mecanismo de asociaciones público privadas (APP), es decir entregó la obras a empresas externas ligadas al entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares a quienes se les paga mes con mes.

Lo extraño es que Isabel, cómplice de ellos, jamás intentó anular los contratos, asegurado que el Poder Judicial había salido ya de la crisis en la que se encontraba y hoy a 50 días de que concluya su encargo pide ayuda al Congreso para que se anulen contratos, hecho que debió exigir desde el inicio de su mandato y no esperar a su conclusión. Isabel es y será cómplice de inobservar dicha problemática que tiene en crisis financiera al Poder Judicial.

Contrario a esa crisis presupuestal de la que tanto habla y que le ha llevado a exigir a los propios jueces que pongan de su bolsa para arreglar los inmuebles, la administradora del Poder Judicial, Joana Marlene Bautista ha declarado que todo esté bien en dicho Poder y que la crisis está superada. La funcionaria ha precisado que no hay de qué preocuparse en el poder judicial y contrario a un plan de austeridad aseguran que ésta ha inflado excesivamente la nómina de dicha institución.

Es necesario aquí señalar que durante la revisión del ORFIS de la cuenta pública 2021 se detectó que autoridades del Poder Judicial de Veracruz incurrieron en severas inconsistencias administrativas y financieras.

Así, al no solventar en tiempo y forma tendrán responsabilidades civiles, administrativas y penales en contra, es el caso de la titular del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, así como de la directora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores.

Y es que, en el primer año de gestión (2021) de Isabel Romero al frente del Poder Judicial se registró un enorme incremento en el presupuesto para el pago de nómina, el cuál ascendió a más de $351 millones de pesos, tan sólo en 2021 generando un millonario déficit presupuestal. Desde el inicio de funciones de Inés y Joana, los mismos empleados señalaban que la nómina estaba sumamente inflada con la contratación de personal que ni siquiera cubría el perfil para dichos cargos, así como sueldos exorbitantes, partiendo por la propia directora de administración con un salario aproximado de $120 mil pesos mensuales.

Y es que además de las deficientes obras de ciudades judiciales se detectó que, en 2021, el Poder Judicial realizó asignaciones directas de contratos millonarios. Así contrario a lo expresado por Isabel, para la dirección de administración todo fluye de maravilla.

Hoy la aún presidenta, insiste al Congreso en la necesidad de cancelar los contratos por la construcción de ciudades judiciales, tal vez como una manera de justificar o disfrazar su complicidad. Isabel ya no quiere que se continúe con 12 de las 21 ciudades judiciales programadas durante el mandato de Edel Álvarez. Es hasta este momento que la señora presidenta decide levantar la voz, cuando durante su encargo fue cómplice de esto y otros hechos más como la excesiva contratación de personal sin perfil alguno y con altos salarios.