Icatver, una cloaca

Hace exactamente un mes, el pasado 3 de septiembre, el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Veracruz (ICATVER) cumplió 29 años de haber sido creado para capacitar a los trabajadores de la entidad, labor que según sus maestros instructores desempeñó eficazmente en las últimas cinco administraciones estatales –desde la del exmandatario priista Patricio Chirinos (1992-1998) hasta la de Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD (2016-2018)–, pues en una denuncia anónima que difundieron hace tres semanas para llamar la atención del gobernador Cuitláhuac García, acusaron que hoy esa institución “vive su peor momento en manos del nepotismo y supuesta escasez de recursos debido a la mala dirección y decisiones de su director general Miguel Ángel Jácome Domínguez, situación que está afectando a gran número de instructores en todo el Estado, y que este año poco tienen qué festejar”.

Los inconformes señalaron que, desde el inicio de su administración, Jácome Domínguez, un maestro de educación básica protegido del subsecretario de Finanzas y Administración de la Sefiplan, Eleazar Guerrero Pérez, mostró su incapacidad para dicho cargo y, todavía peor, arribó con un equipo de trabajo sin compromiso ni experiencia.

El malestar que actualmente existe contra el director del ICATVER es porque a pesar de que el instituto cuenta con una gran plantilla de talento humano, con maestras y maestros con diferentes perfiles profesionales que ofrecen una variada oferta de cursos de capacitación para el trabajo a la población que lo requiere, de forma tajante detuvo desde mediados de junio la impartición de los talleres de capacitación pese a que dichos recursos ya están etiquetados dentro del presupuesto anual para el pago de los instructores, quienes en su mayoría dejaron de tener ingresos.

“¿Por qué no hay recursos en ICATVER?”, preguntaban con desconcierto y molestia los maestros de esta institución, a los que Jácome Domínguez no aclaró dicha situación pero ante cuya presión tuvo que autorizar un mínimo de cursos.

Desde hace tres años, el funcionario cuenta con denuncias en la Fiscalía Anticorrupción por haber amenazado y pretender corromper presuntamente a unos de sus empleados. Se sabe al menos de la existencia de la Carpeta de Investigación FGE/FECCEV/753/2019, a la que supuestamente no se le ha dado seguimiento a la investigación.

Ahora, dentro de la segunda entrega del Informe de la Cuenta Pública 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le acaba de observar un presunto daño patrimonial que en total ascendería a 1.5 millones de pesos, por haber pagado a 31 trabajadores después de la fecha de baja definitiva de la dependencia y por pagar una percepción no autorizada y el de una plaza que incumplió con los requisitos del perfil de puestos.

La ASF ordenó a la Contraloría General del Estado investigar y sancionar a los servidores o exservidores públicos que hayan avalado dichos pagos ilegales.

Si la “Fiscal de Hierro”, Verónica Hernández Giadáns, ni siquiera habría llamado a declarar al protegido del poderoso subsecretario de Sefiplan y líder de “Unidos Todos”, ¿acaso alguien cree que la contralora Mercedes Santoyo Domínguez sí lo hará?