Huachicoleo electoral

El Consejo de la Judicatura Federal destituyó anteayer del cargo e inhabilitó por 15 años al magistrado Carlos Loranca Muñoz por no haber reportado casi 6 millones de pesos en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016.

El magistrado estaba suspendido desde el 2018, tras difundirse una fotografía donde aparecía conviviendo con el empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo, “El Chachetes”, señalado por el gobierno federal como supuesto líder huachicolero en Puebla. En agosto de 2017 la PGR pactó con él un procedimiento abreviado para que se declarara culpable sólo por la portación ilegal de armas, luego de que la Marina lo detuvo y le aseguró dos rifles AR-15, un cuerno de chivo AK-47, dos armas 9 MM, 6 vehículos blindados, metanfetaminas, cocaína, marihuana y cristal. También le fueron clausuradas dos gasolineras.

Al “Cachetes” Muñoz lo vinculaban con Francisco Guízar Pavón, conocido en Veracruz como el “Rey del Huachicol”, ejecutado hace exactamente un año en la ciudad de Puebla. Guízar era suegro del diputado local del PRI, Juan Carlos Molina Palacios, asesinado tres meses antes, en noviembre de 2019, en la entrada de su rancho en Medellín de Bravo.

Pero aparte de las mafias dedicadas a la ordeña de los ductos de Pemex ahora se ha destapado también, en Tamaulipas, la cloaca de la red política-empresarial ligada al contrabando de gasolinas de Estados Unidos.

En Veracruz, las complicidades en este negocio ilícito tuvieron su auge en las administraciones estatales del PRI y PAN, pero existen indicios de que actualmente podrían prorrogarse durante el régimen de Morena, cuyos operadores políticos, en su afán de ganar los comicios locales y federales de junio próximo, estarían por incluir en sus listas de candidatos a personajes bajo sospecha de estar ligados a estos grupos delincuenciales.

Hace ocho meses, a mediados de junio de 2019, fue ejecutado Ángel González Navarrete, alias el “RR”, presunto líder huachicolero de la región de Hueyapan de Ocampo, de donde es nativo el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura local. Dicho personaje, de 41 años de edad, fue levantado por un comando armado en Acayucan y su cuerpo apareció mutilado en la cajuela de un automóvil abandonado en la congregación de Juan Díaz Covarrubias.

Este lunes 22, Jorge Alberto Quinto Zamorano, alcalde de Hueyapan –quien como candidato del Partido Nueva Alianza derrotó a Gómez Cazarín en la contienda municipal de 2017–, encabezó a otros 15 ediles emanados del PANAL que viajaron a Xalapa para anunciar que se sumarían a Morena y al proyecto del presidente López Obrador.

Quinto Zamorano –a quien hace un par de meses le balearon su domicilio y quien estaría ligado sentimentalmente con Marcela González Urieta, la viuda del “RR”–, habría acordado con Gómez Cazarín que Juan “Yona” Gómez Martínez, padre del legislador, sea postulado por Morena a la alcaldía y que como síndica vaya la esposa del difunto González Navarrete. Aparte, él, contendería por la diputación local.