Grupo MAS: Un botín político

En 2016, el exalcalde priista Ramón Poo Gil, influenciado por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, urdió un plan para entregar el servicio de agua potable a una empresa público-privada. Esta empresa, denominada Grupo MAS, tenía como principal accionista a la transnacional Odebrecht Ambiental, filial de la gigante brasileña envuelta en una trama multinacional de corrupción que afectó a diversos gobiernos latinoamericanos. Desde ese momento, un hedor a corrupción ya presagiaba lo que se avecinaba.

La concesión del servicio de agua a Grupo MAS por un periodo de 30 años, respaldada por una estructura legal que blindaba a la empresa ante futuros gobiernos, fue una jugada política con el sello distintivo del priismo encumbrado en el “pinche” poder, caracterizado por la corrupción.

Sin embargo, antes de concretar este plan, se preparó el terreno mediante el desmantelamiento del organismo paramunicipal encargado del servicio. El extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) fue saqueado hasta el último centavo. Sus recursos fueron utilizados sin restricciones para financiar operaciones políticas, agotando así la fuente de ingresos y cobrando rápidamente la factura al PRI en lo electoral.

Desde aquel momento, el agua de los veracruzanos se convirtió en un botín político y ahora que está bajo la administración de una empresa privada, Grupo MAS, lo sigue siendo. La única diferencia es que la clase política no tiene la oportunidad de meter la mano en el cajón, en su lugar usan el hartazgo de los usuarios, a quienes venden la promesa de acabar con la concesión.

Fue tema recurrente en las últimas dos campañas electorales, la del 2017 y la del 2021, pero en los últimos cuatro años y medio, bajo el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, con dos legislaturas y dos alcaldes diferentes, no pasó nada.

Los usuarios han denunciado repetidamente el deficiente servicio proporcionado por Grupo MAS; sin embargo, estas quejas no han obtenido más que promesas vacías y excusas.

Curiosamente, con la proximidad de las elecciones de 2024, en las cuales se renovarán la presidencia de la República, la gubernatura de Veracruz y el Congreso del Estado, parece que los grupos en el poder finalmente han abierto los ojos y han comenzado a percibir los malos tratos, la baja calidad del agua y el desastroso servicio proporcionado por Grupo MAS.

El alcalde de Medellín, Marcos Isleño Andrade, fue el primero en prometer el fin de la concesión, en medio de una disputa mediática con su compañero de Morena, el diputado local Magdaleno Rosales.

Recientemente, el diputado local Fernando Arteaga Apote, quien tiene posibilidades de buscar la reelección, afirmó que una auditoría del Orfis reveló elementos para cancelar la concesión.

Y ayer mismo, el gobernador Cuitláhuac García reiteró en una conferencia de prensa lo que ya había manifestado en redes sociales: se está evaluando proceder legalmente, por múltiples vías, contra Grupo MAS debido a las afectaciones a los usuarios e incluso a la falta de suministro de agua potable en el Hospital Regional.

Que no extrañe que el tema sea retomado por los panistas cuando se acerquen más los tiempos de definición en lo electoral, como fue en las últimas elecciones del 2021, porque de repente, estos funcionarios han tomado conciencia de algo que se les ha estado señalando desde que asumieron el cargo. ¿Es una genuina intención o el uso político del agua de los veracruzanos y sus necesidades?

Twitter: VictorToriz

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