Gobierno veracruzano, sin control de daños

Ante la andanada lanzada por actores políticos como Ricardo Monreal y Dante Delgado; ante las acusaciones por abuso de autoridad y por el presunto uso de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para perseguir adversarios políticos, el control de daños tanto del Ejecutivo como de las instancias de procuración e impartición de justicia prácticamente se ha limitado al silencio.

La crisis política derivada de la captura del secretario técnico del Senado, José Manuel del Río Virgen golpeó en la línea de flotación al gobierno veracruzano.

Ni siquiera durante la administración de Javier Duarte, acusado por uno de los saqueos más escandalosos de los recursos públicos en Veracruz, se habló de la desaparición de poderes.

Hoy, sin embargo, el gobierno estatal carga con señalamientos por autoritarismo y por la presunta persecución de adversarios políticos.

El caso de José Manuel del Río está a punto de llegar a su nivel más alto y pase lo que pase con el asunto de su vinculación a proceso, el daño a la administración de Cuitláhuac García es enorme; y el control de daños parece inexistente.

Como se recuerda, por la mañana del pasado 22 de diciembre, el secretario técnico del Senado, hombre cercano al senador Ricardo Monreal y amigo personal del dirigente de Movimiento Ciudadano, fue capturado en Veracruz, acusado por la Fiscalía estatal como probable responsable del delito de homicidio doloso.

De inmediato, los senadores Monreal y Delgado soltaron una andanada contra el gobierno veracruzano; este último llegó al extremo de anunciar que solicitaría la desaparición de poderes. La respuesta oficial al señalamiento de que las cárceles de la entidad están llenas de inocentes acusados por ultrajes a la autoridad fue tibia.

En el ojo del huracán se encuentran tanto el Poder Judicial como la fiscalía estatal, cuyas titulares, Isabel Inés Romero Cruz y Verónica Hernández Giadáns, parece que enfrentan el síndrome del avestruz.

A las posiciones de Monreal y Delgado se sumaron otras voces de actores políticos, que se apresuraron a condenar tanto la captura de José Manuel del Río como el presunto uso político de la fiscalía, lo que convirtió el caso en una bola de nieve que amenaza caer sobre el gobernador García, a pesar del espaldarazo presidencial del día 23.

López Obrador se desvivió en elogios cuando se refirió a la honestidad del gobernador veracruzano pero sin importar el mensaje presidencial, en el Senado acordaron integrar una comisión especial para investigar probables casos de abuso de autoridad en Veracruz.

Este domingo, la página oficial de comunicación de la Cámara de Diputados consignó una declaración del legislador veracruzano Carlos Alberto Valenzuela, vinculado al grupo Yunes de Boca del Río, quien expuso que en la entidad gobernada por Cuitláhuac García “la justicia se imparte desde el Palacio de Gobierno, sin respetar la división de poderes que ha quedado marcada con la injerencia del gobernador en el Tribunal Electoral local y la Fiscalía del estado… no hay respeto al debido proceso, a los opositores se les encarcela sin pruebas ni juicio. Los veracruzanos vivimos bajo un régimen revanchista e intolerante a la diversidad de pensamiento, donde la Fiscalía se utiliza para perseguir opositores y solapar delincuentes.”

Mientras los señalamientos aumentan y crece el tono, la respuesta del Ejecutivo veracruzano ha sido más bien tibia; algunos legisladores locales de Morena, como Gómez Cazarín por ejemplo, han dado su respaldo a la Fiscalía y al Poder Judicial, pero en general, ni el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, ni el gobernador han dado una respuesta puntual a las denuncias públicas de los senadores Monreal y Delgado.

@luisromero854