Fiscalía y Poder Judicial de Veracruz, colección de reveses

Tanto la Fiscalía General como el Poder Judicial del Estado tienen un historial reciente de derrotas en juzgados federales y en la Suprema Corte de Justicia.

Se vuelve costumbre que las instancias veracruzanas de procuración e impartición de justicia van de revés en revés.

Un caso reciente, muy mediático, fue el de la jueza Angélica “N”, quien logró que se declarara insubsistente el proceso penal en su contra. El Juzgado Decimoquinto de Distrito consideró que al detenerle en junio pasado, la Policía Ministerial de Veracruz desacató la suspensión provisional que protegía a la mujer.

En reacción, las titulares del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández y Aurelia Jiménez, dijeron no compartir dicho criterio y anunciaron que interpondrán recursos para que la jueza siga encarcelada.

No es el único caso: la justicia federal otorgó un amparo al ex fiscal veracruzano Jorge “N”, a efecto de eliminar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Jorge “N”, quien se desempeñara como fiscal estatal durante la administración de Miguel Ángel Yunes, podría recuperar la libertad en cualquier momento.

Otro caso mediático, no tan reciente, fue el encarcelamiento del secretario técnico de la JUCOPO en el Senado, José Manuel del Río Virgen, quien estuvo en el penal de Pacho durante seis meses.

En ese asunto, igual que en los dos anteriores, un juzgado federal corrigió la plana a jueces locales y, de paso, evidenció deficiencias en la integración de la carpeta por parte de la fiscalía estatal.

Este jueves, la fiscal Verónica Hernández y la titular del Poder Judicial, Lisbeth Aurelia Jiménez, señalaron que jueces y magistrados federales han otorgado amparos a presuntos responsables de delitos considerados como graves.

“Hablamos de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas, de quienes presuntamente han cometido el delito de desaparición de personas, que habían sido detenidos, vinculados a procesos y que se les había impuesto prisión preventiva oficiosa… y hoy están de nuevo en la calle”, dijo la fiscal.

Prácticamente toda la caballería del gobierno estatal, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se lanzó contra la Suprema Corte y los jueces federales: el gobernador Cuitláhuac García denunció una supuesta protección a delincuentes.

Al referirse a los jueces, el mandatario dijo que “mediante amparos chuecos, han vulnerado los derechos de las víctimas e ignorado el dolor de sus familias”. Exigió, de igual manera, que se detengan los amparos que proteger a los delincuentes.

La diputada Margarita Corro acusó que en el Poder Judicial de la Federación impera la opacidad y predominan los intereses económicos y políticos.

Un extraordinario abogado veracruzano, cuyo nombre no viene al caso, decía que no basta con tener la razón en un juicio, se debe demostrar; y eso es, al parecer, lo que le ha faltado a la Fiscalía General del Estado; porque si los jueces federales liberan a los imputados por algún delito podría significar que las carpetas de investigación no estaban bien sustentadas; o que los elementos de prueba eran endebles. Ineficiencia, se llama.

@luisromero85