Fiscalía: la ineficiencia

Prefacio.

Se ha vuelto práctica común que en vísperas de que se presenten informes sobre las auditorías practicadas a las cuentas públicas, se emitan declaraciones escandalosas en contra del órgano encargado de la fiscalización. *** Este año no ha sido la excepción y desde la Legislatura local han salido cuestionamientos a “los tiempos” empleados por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para denunciar a aquellos servidores públicos que pudieron haber incurrido en faltas que representen un daño patrimonial. *** En forma por demás absurda y tramposa, se pretende equiparar el desempeño del Orfis con el de la Fiscalía General del Estado (FGE), siendo que la única coincidencia entre ambas instituciones es que, por ley, son autónomas y, por lo tanto, no deberían depender de la voluntad del titular del Poder Ejecutivo. *** La maestra Delia González Cobos, titular del Orfis, respondió a quienes cuestionan su permanencia en ese organismo y advirtió que es el trabajo lo que avala su permanencia. Y para muestra un botón: Este año el Orfis fue calificado como el ente más transparente del país. *** Delia González Cobos fue designada para un periodo de 7 años como titular del Orfis, período que inició en septiembre del 2019, por lo que su encargo concluye en septiembre de 2026. *** “No hay ninguna razón para eso. La relación con los diputados ha sido siempre muy buena, entonces, no creo que haya ninguna razón para que eso ocurra. Yo me he dedicado a trabajar todo el tiempo y lo he hecho de la mejor manera”, respondió a quienes le platearon la posibilidad de que fuera removida. *** Negó que las quejas de diputados locales, por la demora para denunciar a la administración municipal del puerto de Veracruz que presidió Fernando Yunes Márquez, pudieran poner en duda su permanencia, pues explicó que ese organismo actúa con base en los plazos que establece la ley, y no en criterios personales, políticos o electorales. *** Incluso recordó que en el 2023 promovió con los diputados locales una reforma a la Ley de Fiscalización Superior para acelerar los tiempos que marca el actuar del Orfis y dijo que espera que antes de que concluya funciones el actual Congreso del Estado se pueda aprobar. *** Lo demás es grilla, de esos diputados que les venden a los alcaldes “protección” contra las acciones jurídicas del órgano fiscalizador. El golpeteo mediático no les va a servir de nada.

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El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares”.

Al exalcalde de Tihuatlán (PRD) Gregorio Gómez Martínez le fue negado el amparo contra la ampliación de la prisión preventiva que fue dictada en su contra por un Juez de Control. El exedil de Tihuatlán acumula ya casi 4 años en prisión, a partir de su detención ocurrida el 7 de abril de 2021 en la congregación Plan de Ayala de aquel municipio.

El 15 de marzo del presente año el Juez de Control en Xalapa dispuso ampliar por un año más la prisión preventiva decretada contra Gregorio Gómez dentro de la causa penal 254/2023. Esa ampliación de la medida cautelar entró en vigor el 16 de marzo de 2024 y vencería el 16 de marzo del 2025.

Gregorio Gómez permanece recluido en el penal de Pacho Viejo, imputado por homicidio doloso calificado y tentativa de homicidio doloso calificado.

Po ello, el exalcalde promovió el amparo 317/2023 contra la ampliación de la medida cautelar ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, cuya jueza Fabiola Viridiana Ramos Castillo determinó el 28 de mayo sobreseer el asunto al considerar improcedente la impugnación del perredista y determinó que las violaciones que denunció deben considerarse “irreparablemente consumadas”.

Sin entrar al fondo del proceso, sin ponernos a debatir sobre la inocencia o culpabilidad del detenido, lo cierto es que han pasado casi cuatro años desde que fue detenido Gregorio Gómez y la Fiscalía de Veracruz no ha sido capaz de conseguir una sentencia en su contra.

¿Ineficiencia o consigna?

La Carta Magna protege a las personas imputadas y dispone que se les considere inocentes mientras no pese una sentencia en firme en su contra. Ha transcurrido casi el doble del plazo que establece la Constitución para mantener en prisión preventiva (esto es, recluido a alguien que no ha sido sentenciado), por lo que se está ante una flagrante violación a los derechos del imputado.

Esta circunstancia debería tener consecuencias jurídicas contra quienes han fallado en su tarea de procurar y administrar justicia.

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Epílogo.

No está cerrado el caso de la denuncia por hostigamiento sexual y acoso laboral presentada contra el consejero electoral de Veracruz, Quintín Antar Dovarganes Escandón. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, remitió al Instituto Nacional Electoral (INE) ese expediente para que continúe su curso y se analice si procede la remoción del cargo. *** Tras resolver el proyecto de sentencia del recurso de revisión 495 y del asunto general 99, que tiene que ver con la denuncia presentada en contra del consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), este miércoles, los magistrados asentaron que el acoso laboral y el hostigamiento sexual se encuentran dentro de las causales para el procedimiento de remoción de consejeros electorales. *** Por tanto, en la ponencia a cargo de la magistrada Janine Otálora Malassis, se determinó remitir el caso al INE, el único con facultad para remover consejeros electorales. *** El exsecretario de Finanzas de Veracruz, Fernando Charleston, promovió un nuevo amparo ante una eventual orden de aprehensión en su contra ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR) y emitida por jueces penales federales. *** Por medio del juicio 119/2024, Fernando Charleston, quien fue titular de la Secretaría de Finanzas de agosto de 2013 a julio de 2014, pretende combatir una probable orden de aprehensión dictada por los Juzgados Primero, Segundo, Quinto y Sexto de Distrito de Proceso Penales Federales de Ciudad de México, con domicilio en el Reclusorio Norte. *** Fernando Charleston ha sido señalado de participar en prácticas ilícitas durante la administración de Javier Duarte y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició procedimientos penales en su contra.

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