FGE: más cal que arena

Luego del ridículo que la semana anterior hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) con la detención de un joven repartidor de comida rápida, quien fue confundido con el presunto homicida de dos periodistas ejecutadas el 9 de mayo en Cosoleacaque, este miércoles el órgano autónomo encargado de procurar justicia dio un campanazo con la aprehensión en Querétaro de un asesino serial que sería el autor del feminicidio de Viridiana Moreno Vázquez, una joven de Tlaltetela desaparecida la semana antepasada en Ciudad Cardel y cuyos restos fueron hallados en Chachalacas.

Aunque en la agilización de la investigación y pronta captura del multihomicida mucho tuvo que ver la presión de familiares y amigos de la víctima que demandaban su inmediata localización –para lo cual bloquearon incluso carreteras–, afortunadamente la FGE contó también con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal y de las autoridades ministeriales del estado de Morelos, donde el presunto criminal había asesinado a otra mujer en Cuautla. Pero en esta ocasión a la Fiscalía que encabeza Verónica Hernández Giadáns no se le debe regatear el reconocimiento. Ojalá que siga dando más hitazos como éste, con indagatorias y pruebas periciales contundentes para vincular a proceso a los imputados.

Y es que este caso contrasta, por ejemplo, con el del exfuncionario del Senado de la República, José Manuel del Río Virgen, preso desde diciembre de 2021 por la presunta autoría intelectual del crimen de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado el 4 de junio del año pasado. Del Río sigue recluido en Pacho Viejo pese al amparo concedido por la justicia federal y de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la violación al debido proceso.

Otra indagatoria ministerial que ha generado muchas dudas y sospechas es la del homicidio de la rectora de la Universidad Valladolid, Guadalupe Martínez Aguilar, ocurrido el 29 de junio de 2020 en su domicilio particular contiguo al campus universitario de Las Trancas, en la zona conurbada de Xalapa y el municipio de Emiliano Zapata.

Hasta ahora sólo están presos Fernando Enrique “N” y los hermanos Alberto “N” y July Raquel “N” como presuntos autores materiales de este asesinato. La mujer asegura haber sido torturada y abusada sexualmente, por lo que la CNDH emitió también una recomendación al comprobar los abusos de los agentes de la FGE que participaron en su detención. Sus padres afirman que sus hijos son inocentes. En el caso de July aseguran que se encontraba laborando en la Ciudad de México el día del crimen.

Sin embargo, pese a que también la hija de la extinta rectora difundió en redes sociales que fueron dos sicarios que “fueron mandados por una de las hermanas de mi mamá”, hasta ahora la presunta autora intelectual del homicidio –una supuesta excompañera de escuela de la fiscal general Hernández Giadáns y presunta comadre de Marcela Aguilera Landeta, fiscal de Investigaciones Ministeriales de la FGR– no ha sido detenida aún.