Exhiben fallas de Cuitláhuac

Prefacio.

Reducir el plazo entre la elección y la toma de posesión del gobierno estatal. Esa es, en síntesis, la propuesta presentada por el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local. *** La idea, dijo, es agilizar la transición de poderes en la entidad. Esto sólo se puede hacer si se reforma la Constitución local y tendría efectos hasta el relevo del 2036. *** La iniciativa plantea modificar el artículo 44 de la Constitución local para que el gobernador asuma funciones el 30 de septiembre del año de la elección, y no el primero de diciembre como está actualmente. Esa modificación reduciría el período de transición a menos de cuatro meses. *** “Quien sea elegido gobernador en 2030 asumirá el cargo el primer día de diciembre de ese año, pero concluirá su período el día 29 de septiembre de 2036 (...) para que quien le suceda inicie su período constitucional de seis años el 30 de septiembre de esa misma anualidad, en un esquema similar al empleado para el caso de la Presidencia de la República en la reforma constitucional federal de 2014”, explicó el legislador en su iniciativa. *** La propuesta incluye, además, cambios en las fechas de inicio de funciones del Congreso del Estado, pues contempla adelantarlas al primero de septiembre, alineándose con la mayoría de los órganos legislativos locales y las Cámaras del Congreso de la Unión. *** “Para el caso del Congreso del Estado, las personas elegidas como diputados en los comicios que se celebren en 2027 iniciarán sus funciones el 5 de noviembre de ese mismo año, concluyéndolas el último día de agosto de 2030, de tal modo que la Legislatura posterior se instale el primer día de septiembre de ese año. Lo anterior, sin perjuicio de normas transitorias específicas sobre las fechas de los períodos de sesiones ordinarias de las próximas Legislaturas”. *** Los períodos de sesiones ordinarias del Congreso y la presentación del informe anual del estado de la administración pública también serían modificados. *** El primer período de sesiones ordinarias se celebraría a partir del primer día de septiembre y concluiría el 15 de diciembre, prorrogable por quince días en el año de renovación de gubernatura. *** El segundo período iniciaría el primer día de abril y concluiría el último del mes de junio. La fecha de presentación del informe se modificaría del 15 de noviembre al 10 de septiembre para evitar incompatibilidad con las reformas propuestas. *** Las fechas para la presentación del presupuesto para el ejercicio fiscal del año siguiente también sufrirían cambios. La propuesta adelanta esta presentación a la última quincena de octubre, excepto en el año en que se renueven conjuntamente el Ejecutivo y el Congreso, en el que la presentación se realizaría a más tardar el 15 de noviembre. *** “Resulta excesivo y totalmente innecesario, aun si se consideran plazos razonables para el desahogo de impugnaciones ante las instancias jurisdiccionales electorales y para los procesos de entrega y recepción. El prolongado lapso entre la declaratoria de validez y la consecuente entrega de la constancia de mayoría a la persona ganadora en las elecciones de gubernatura, con la que se adquiere la condición de electa para dicho cargo, y la toma de protesta e inicio de los períodos de funciones, retrasa injustificadamente la transición de la Administración Pública Estatal”, planteó el diputado de Morena.

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En medio de los elogios baratos y reiterados del presidente López Obrador al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, la mañana de este martes salieron a la luz, durante su cotidiana conferencia de prensa, algunos temas en los que el gobierno estatal ha quedado a deber.

Tras cuestionamientos puntuales de la periodista Tere Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, el presidente se refirió al violento desalojo de manifestantes en la comunidad Totalco, del municipio de Perote. No se anduvo por las ramas: fue un acto de represión que no debió suceder.

“No debió actuar así la policía del estado. Nosotros hemos llevado a la práctica una política de no represión, no se debe utilizar la fuerza, y en este caso lamentablemente hubo represión y fallecieron dos campesinos”.

Otro tema delicado que el gobierno de Cuitláhuac García no ha sabido -o no ha querido- resolver, es la inocultable actividad de la delincuencia organizada en Coatzacoalcos, dedicada esencialmente a la extorsión (“derecho de piso” le llaman) y que ocasionó que hace algunas semanas fueran atacadas dos empresas de un mismo propietario, quien se negó a “cubrir la cuota”.

López Obrador demostró que estaba informado de esos hechos y admitió, muy a su pesar, que a pesar de que “se ha avanzado bastante” en el combate a la delincuencia “sigue habiendo inseguridad, violencia y hay delitos -no sólo en Veracruz, sino a nivel nacional- que dañan mucho y que nos están costando trabajo”.

Y especialmente el delito de extorsión, es una tarea inconclusa, admitió el presidente: “sin embargo, extorsión es como una asignatura pendiente”.

No faltaron los “chocholeos” al actual gobernador y a la gobernadora electa, sólo para remarcar que en Veracruz su movimiento arrojó resultados contundentes en las más recientes elecciones.

Veracruz presenta severos problemas en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos. Era algo que Rocío Nahle no podía mencionar durante su campaña, pero hoy tiene el respaldo del presidente para abordar (con prudencia y sin hacer trizas a Cuitláhuac García) esos temas que deben ser prioridad durante su administración.

¡Fuera máscaras!

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Epílogo.

En el argot de la política mexicana se le conoce como “dar atole con el dedo”. Es otra forma de engañar a la población. *** El gobernador Cuitláhuac García anunció, como si fuera una medida extraordinaria, que los 2 mil elementos de la Fuerza Civil serán sometidos a exámenes de control y confianza. Ese examen, sin embargo, ya lo debieron haber presentado. *** Explicó el gobernador que se hará, de manera prioritaria, con aquellos elementos que tienen más de seis años de antigüedad, “actualizar los protocolos y cursos, especialmente en derechos humanos”. *** El examen de control de confianza se compone de cinco evaluaciones, con las que se verifica que el personal activo actúe dentro del marco de conducta que dicta la normatividad institucional. *** La certificación de los exámenes de control y confianza tiene una vigencia de tres años y tiene por objeto acreditar que la persona evaluada es aprobada para ingresar o permanecer en la Fiscalía y que cuenta con los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. *** Por lo tanto, si hay elementos de la Fuerza Civil con seis años o más de antigüedad que no han renovado su certificación, esa es una grave falla en los procedimientos de la institución, y alguien debería estar pagando por esas omisiones.

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