En Veracruz, presidenta de Poder Judicial desconoce acuerdos que Gobernador toma de ciudades judiciales

Que, en Veracruz, el Gobernador en turno Cuitláhuac García Jiménez no sale de un escándalo y ya entro a otro; son tan frecuentes, que se asegura -a decir de veracruzanos- ya están acostumbrados, tanto que a veces sus errores ya pasan desapercibidos y es que además del inicio de año con altos índices de inseguridad, la criminalización y revictimización institucional, cada vez es más evidente, la usurpación de competencias, que muestran la falta de autonomía de poderes.

Además del incremento en la inseguridad y los hechos violentos en aquella entidad, los mensajes del Gobernante que presume empoderar a mujeres reflejan que, éstas tienen poca autonomía. Ejemplo de ello lo ocurrido recientemente con el Poder Judicial de Veracruz.

Apenas el fin de semana pasado, nos cuentan nuestros amigos veracruzanos que, la recién nombrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Jiménez Aguirre, fue cuestionada sobre el tema de la construcción de la polémica ciudades judiciales. Como en otras ocasiones lo hemos aquí comentado se trata de un acuerdo del ex presidente de aquel poder, Edel Álvarez, quien en 2018 comprometió casi en su totalidad el presupuesto público federal de dicha institución para pagar a las empresas que bajo el mecanismo de Asociaciones Publico Privadas (APP) llevan a la fecha la edificación de supuestas ciudades judiciales.

Todo ello resulto un fiasco, pues desde 2018 a la fecha, gran parte de las 24 ciudades judiciales programadas está en cero. La polémica ha sido constante y a pesar de las irregularidades de los contratos, éstos no se han cancelado. Se ha abordado en diferentes ocasiones sobre los aparentes pactos y acuerdos del ex presidente del Poder Judicial con el actual gobierno que le han permitido seguir cobrando jugosas cantidades, pues los veracruzanos aseguran que algunas de las empresas contratadas son propiedad de Edel, obvio haciendo uso de algunos prestanombres y familiares.

Pero ahora, cuando la crisis del Poder Judicial se hace insostenible, pareciera Cuitláhuac estar dispuesto a reconocerlo y así a pesar de que la hoy presidente dijo apenas el fin de semana que se analizará la situación de las ciudades judiciales para tomar una decisión, toda vez que ella acaba de llegar y se encuentra en la entrega recepción, el mandatario se ha brincado las trancas de una aparente autonomía en aquel poder y ha expresado, contrario a la presidenta que la cancelación es un hecho consumado.

Es decir, la presidenta del Poder Judicial dice que aún se analiza y apenas el lunes, el titular del Poder Ejecutivo, confirma que el Poder Judicial y las empresas acordaron cancelar los contratos de 10 ciudades judiciales. Según él y contrario a lo expresado por la presidenta del Poder Judicial existe ya un acuerdo entre representantes del Poder Judicial y los empresarios, que habían obtenido los contratos.

Y así tajante dijo, “Ya está cerrado, ya está firmado, canceladas” al referirse a las ciudades judiciales. Dijo seguro, mientras la voz autorizada, la presidenta del poder judicial, refería 3 días antes que se analizaba la situación y que, en cuanto se tuvieran noticias del tema informaría.

La justificación del Gobernador fue que, si bien se trata de un tema del Poder Judicial, es el estado quien ha hecho frente al destinar los recursos desde la Sefiplan y entonces, expuso, hablaron con los empresarios. Así las cosas, en Veracruz y es que pareciera entonces que las mujeres “empoderadas”, no son tomadas en cuenta, en las decisiones que el Gobernador toma respecto de los poderes que éstas encabezan.