A casi un mes de la jornada electoral del pasado 01 de junio, aún no se conocen los cómputos de las magistradas y magistrados que integraran el nuevo Tribunal de Disciplina en Veracruz, órgano creado para sustituir al Consejo de la Judicatura, con la intención de dotar de autonomía a los encargados de sancionar a funcionarios que incurran en actos de ilegalidad.
Será al igual que la federación, la estructura encargada de fiscalizar y sancionar a los impartidores de justicia que incurran en actos fuera de la ley; esta instancia será fundamental, toda vez que dotará al Poder Judicial de aparente legalidad, al vigilar el al actuar de las juezas y jueces, magistradas y magistrados.
De ahí la gran responsabilidad que tendrán los que integren este tribunal en Veracruz, que al igual que las otras 31 entidades, habrán de replicar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que el retraso en el computo de los votos de quienes habrán de integrar este nuevo tribunal, revista el proceso de incertidumbre, falta de certeza y supuestos de corrupción que en nada abonan al objetivo principal de dicha reforma.
Un total de 22 largos días han trascurrido y los resultados aún no están a la vista de las veracruzanas y veracruzanos y es que sí apenas un 13 por ciento participó y ese 13 por ciento observa lo ocurrido en la entidad, sin duda son motivo de desánimo y desinterés ciudadano para una futura elección judicial.
El Tribunal de Disciplina Judicial se crea principalmente por las siguientes razones: impartir justicia de manera ética y profesional, teniendo como objetivo asegurar que los jueces y magistrados actúen con integridad y apego a la legalidad en el desempeño de sus funciones; así como investigar y sancionar faltas graves.
Y es que tal cual lo establece la constitución federal en su artículo 94 y la constitución política de Veracruz en su artículo 62, el Tribunal se encargará de investigar las denuncias y, en su caso, sancionar a los funcionarios judiciales que cometan faltas graves o actos de corrupción.
Otro de sus objetivos es fortalecer la confianza en el Poder Judicial al establecer un mecanismo de supervisión y sanción, que permita, a decir, de la justificación de la reforma, generar mayor confianza en la justicia y garantizar que los ciudadanos reciban un servicio imparcial y de calidad.
Quizás la meta más significativa sea la de asegurar que las faltas graves no queden sin castigo, promoviendo la responsabilidad y el cumplimiento de la ley por parte de los operadores judiciales; otra meta es adaptarse a las necesidades del sistema judicial contando con un órgano especializado que atienda de manera eficiente y expedita los asuntos relacionados con la disciplina judicial.
Y así mientras se pone en marcha el tribunal y arranca en funciones el próximo 01 de septiembre, en Veracruz aún no concluye el conteo. ¡Lamentable! Ahora resta conocer los nombres de quienes serán las tres magistradas y los dos magistrados que lo integrarán; habrá que ver sí a diferencia de la federación, éstos sí están revestidos de imparcialidad, objetividad y honestidad.
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