La presencia de embarcaciones de Estados Unidos (EU), en Baja California y de una aeronave de la Fuerza Aérea de EU, con el registro de la plataforma Flight Radar 24, Boeing RC-135V Rivet Joint, en las costas de Sinaloa han aumentado el nerviosismo en México.
Y es que más allá de que las autoridades del gobierno mexicano y la propia secretaria marina descarte cualquier signo de alarma. Cierto es, que éstos hechos parecieran no ser una casualidad frente a las políticas migratorias y económicas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Y es que, la vigilancia aérea y marítima, cuando involucra a naciones soberanas y autónomas como México, sitúa sobre la mesa un fino equilibrio entre seguridad nacional y la integridad territorial. Es cierto que la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos ha sido históricamente un elemento definitorio en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico, pero en estos momentos donde Trump insiste en una política migratoria y económica de castigo a Mexico, ello pareciera encender las alertas.
Sin embargo, la percepción de despliegues unilaterales o excesivos plantea preguntas cruciales sobre la soberanía mexicana y el respeto a los derechos fundamentales de quienes habitan estas regiones y es que, desde el ámbito de los derechos humanos, la presencia prolongada de aeronaves de vigilancia y embarcaciones militares puede desencadenar situaciones de inseguridad y ansiedad entre las comunidades locales.
La historia ha demostrado que las poblaciones que viven en zonas de alta militarización o bajo vigilancia constante pueden experimentar aumentos en la tensión social, lo cual afecta el goce pleno de sus derechos. Por otra parte, es vital garantizar que tales operaciones respeten no solo las normas internacionales, sino también los acuerdos bilaterales establecidos de manera clara y transparente.
En términos de política exterior, la diplomacia entre México y Estados Unidos enfrenta retos complejos en el momento de conciliar la seguridad interna con la cooperación transfronteriza. Si bien las operaciones conjuntas de seguridad pueden ser necesarias, la transparencia y la comunicación efectiva son esenciales para evitar malentendidos y tensiones innecesarias.
En este contexto, resulta fundamental que el gobierno mexicano refuerce su capacidad de diálogo con su contraparte estadounidense, asegurando que sus intereses y los de sus ciudadanos sean debidamente respetados.
La situación en las costas de Baja California y Sinaloa, por tanto, debería servir como un recordatorio de la importancia del respeto mutuo y la cooperación equitativa en las relaciones internacionales. Asimismo, se debe priorizar la creación de mecanismos claros que permitan a ambas naciones coordinar sus esfuerzos en materia de seguridad, siempre bajo un manto de respeto por la soberanía y los derechos humanos.
Así es que, por ahora, más allá de los señalamientos institucionales de simple casualidades, bien valdría la pena atender y en el marco del dialogo con el gobierno de Estados Unidos despejar dudas sobre una casualidad o medidas de presión al gobierno mexicano para reforzar acciones en la frontera. Por ahora Trump concedió a México un mes de plazo para establecer los impuestos del 25 por ciento a productos mexicanos.
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