México está atrapado en un túnel de dolor y duelo.
Durante enero, se han roto 9 veces los récords de contagios diarios por COVID en el país.
Y 5 veces los récords de muertes.
El número de infectados en diciembre y enero es brutal: 639 mil. 8 infectados cada minuto.
En este bimestre, 33 mexicanas y mexicanos mueren por hora.
La brutalidad de la pandemia aquí ha hecho que más de 3 de cada 10 infectados del total se hayan registrado entre diciembre y ayer.
El número de muertes, se sabe, debería multiplicarse por tres. De ser así, México tendría más muertes que Estados Unidos, con menos de la mitad de la población.
Aún sin hacerlo, tenemos la tasa de mortalidad más alta del planeta.
Las y los trabajadores de la salud mueren más que ningún otro lugar del mundo.
Los muertos oficiales de la ineptitud en el manejo del COVID supera ya a los ejecutados por el hampa en 12 años.
La magnitud del horror es la siguiente: en el país murieron casi dos mil personas el 21 de enero. Auschwitz asesinaba, en su momento de mayor capacidad, a 4 mil al día.
Frenar la tragedia humanitaria del COVID implica lanzar una gran operación de carácter político y técnico.
Es preciso hacer un llamado al trabajo conjunto de toda la nación para tratar de disminuir, en lo posible, la cadena imparable de enfermos y muertes.
Nada será posible mediante la obcecación autoritaria.
La sociedad debe demandar al poder ejecutivo que cambie el rumbo. Y que lo haga ya.
La ruta de salida de este túnel pasa por retomar al comité científico del Consejo de Salubridad Nacional como autoridad rectora del manejo de la pandemia. Se deben incluir a los principales centros científicos del país. Los actuales (i)responsables, López Gatell y Jorge Alcocer, deben irse, a esperar a que les llegue su turno de enfrentar la justicia.
Las medidas de prevención son conocidas, pero deben decretarse obligatorias para todo el país: cubrebocas, pruebas, trazado de datos, distanciamiento físico real.
Se debe convocar a un gran esfuerzo nacional para comprar y aplicar las vacunas. Cada municipio, cada estado, debe aportar la totalidad de sus médicos y enfermeras disponibles para ello. El sector privado debe involucrarse de manera rápida y activa: hay un gran expertiseen empresas sobre logística que hoy es invaluable. Las universidades poseen laboratorios e infraestructura.
Un sistema nacional bien articulado podría permitir confinamientos modulares, por localidades, ciudades o regiones, que disminuyan el dolor económico y frenen la devastación física.
Los poderes legislativos y cabildos deberían, junto con los poderes ejecutivos, preparar medidas prontas de alivio a la población que se ha quedado sin ingreso y a los millones de negocios familiares que se han visto obligados a cerrar.
Hace falta que el estado renuncie a hacer política con la pandemia y se decida a convocar a una política de estado.
No hay otra salida.
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