El negocio de renegociar

Prefacio.

Vaya desde este espacio una sincera disculpa a los trabajadores de Radio y Televisión de Veracruz (RTV). En mi colaboración de ayer di por hecho que la movilización realizada ese lunes había sido organizada, promovida o alentada por una organización sindical.

Diversos mensajes me hicieron ver que fue una decisión del personal de ese organismo, sin distinguir siglas sindicales ni membretes.

En lo que sí me sostengo es en que se tardaron mucho para levantar la voz.

En la misiva enviada el gobernador, en la que le piden que no politice sus reclamos, los trabajadores de RTV admiten que “estos problemas han sido heredados de administraciones anteriores”, pero en ningún otro gobierno se les escuchó levantar la voz para reclamar la atención que esa institución -y quienes la han construido con gran esfuerzo- merecen.

Por mi experiencia personal, soy un convencido de la gran aportación que la radio y la televisión del estado hacen a la sociedad. Tengo muy claro que una de las prioridades del gobierno es mantener, con la mejor calidad, ese canal de comunicación entre la sociedad y la administración pública.

Se tardaron para reclamar, sí, pero gracias a su esfuerzo RTV sigue funcionando y, por lo tanto, el gobierno está a tiempo de tomar medidas para que este espacio público crezca y se consolide en beneficio de los veracruzanos. * En síntesis: que RTV deje de ser botín de quienes ostentan el poder, y el espejo de la bruja para sus gobernantes.

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En el lenguaje de los especialistas en finanzas públicas se le conoce como “reestructuración de pasivos”, en el argot de la burocracia se le llama “patear el bote”.

La situación es muy simple y recurrente: cada que lleva una nueva administración estatal, de lo primero que se enteran los nuevos servidores públicos es que el gobierno está endeudado y tiene atados a esos compromisos sus ingresos por concepto de participaciones federales. Esto es que, si el gobierno decide no pagar, los acreedores se cobran “a lo chino”, con las partidas que mes con mes les hace llegar la Secretaría de Hacienda.

¿Cuál es la solución que han encontrado para ese problema? Renegociar los términos de los créditos. A los acreedores se les plantea de forma muy sencilla: “lo que necesita este gobierno es pagar menos por el servicio de la deuda” y la solución es siempre la misma: “te alargo los plazos de amortización y reduzco el monto de tus aportaciones por los próximos seis años”.

Lo que no se aclara, es que luego de ese período de “gracia” los abonos se van hasta las nubes, pero eso ya le tocará al siguiente gobierno.

Este martes la subsecretaria de Egresos, Xóchitl Álvarez Vázquez, confirmó lo que ya había anticipado su jefe, el secretario de Finanzas, José Luis lima Franco: que la próxima administración se verá obligada a gestionar una nueva reestructuración de la deuda pública.

Ese escenario -aclaró la funcionaria- ya fue presentado a la próxima gobernadora, lo que explicaría la decisión de mantener a Lima franco al frente de la Secretaría de Finanzas. Algo así como: “tú armaste ese cochinero, ahora tú lo compones”.

No está de más advertir que en esas “reestructuraciones” se manejan muy jugosas comisiones (o “moches”, como les llaman).

El estado de Veracruz destaca a nivel nacional por formar parte del grupo de cinco entidades federativas que acumulan mayor deuda pública y que, juntas, representan el 53.9 por ciento de la deuda subnacional. 

A la cabeza aparece Nuevo León, con una deuda de 106 mil 930.2 millones de pesos (mdp); le sigue la Ciudad de México, con 100 mil 006.8 mdp; tercero es el Estado de México, con 67 mil 447.2 mdp; el cuarto es Chihuahua, con 53 mil 065.9 mdp, y el quinto estado más endeudado es Veracruz con 49 mil 815.7 millones de pesos.

El origen de estos pasivos está en ese déficit presupuestal que el gobierno de Veracruz viene arrastrando desde hace décadas. Esto es, que el gobierno gasta más de lo que ingresa y, por lo tanto, tiene que recurrir a créditos bancarios para cubrir los huecos que se van generando en sus finanzas.

Nada de lo que dijo Lima Franco durante los seis años fue verdad. Fue falso que mediante un ejercicio de disciplina financiera se haya abatido el déficit. Es falso que se haya acabado con la “licuadora” (esto es, tomar recursos etiquetados por la federación, para resolver requerimientos urgentes) pues los créditos a corto plazo se le negaron en la recta final del sexenio y, lo más grave que se haya reducido la deuda del estado; por el contrario, ésta aumentó al incorporar como “deuda de largo plazo” créditos quirografarios que ya no pudieron solventar al cierre de la administración.

Si el gobierno de Cuitláhuac García hizo poca obra y de muy mala calidad, si fue capaz de devolver recursos a la Federación por la vía del subejercicio, ¿cómo es que no se pudieron cubrir las deudas con proveedores, con el ISSSTE o con el SAT?

¿Quién decidió que era más importante derribar y reconstruir un estadio de futbol (con un gasto superior a los 1,500 millones de pesos), que equipar la radio y la televisión de los veracruzanos?

Sin explicaciones que ya le habrá pedido Rocío Nahle a quien seguirá siendo secretario de Finanzas.

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Epílogo.

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Gerardo Aguilar Sánchez, dice que espera que “ahora sí” se le haga justicia a esa institución en materia presupuestal. Que ve “buena disposición” de la gobernadora electa Rocío Nahle, para seguir atendiendo ese tema y las necesidades de la casa de estudios. * “Vamos a plantear la solicitud de lo que le corresponde a la universidad (…) Vemos en la gobernadora electa una muy buena actitud hacia la Universidad Veracruzana (...) Ella está en buena disposición de estar reforzando y apoyando a la universidad”, dijo. * Sin embargo, le tengo al rector malas noticias: Rocpio Nahle ya anunció que se queda en su cargo José Luis Lima Franco, el servidor público que convenció a Cuitláhuac García (formado en la UV y académico de esa institución hasta que se dio cuenta de que le iba mejor en la política) de que era una “buena idea” reformar la Constitución local para regatear los recursos a los entes autónomos con porcentajes fijos del presupuesto Poder Judicial, Fiscalía y la UV). * El argumento con el que convenció al actual gobernador -y que, seguramente, utilizará con Rocío Nahle- es que “sale muy caro” asignar esos porcentajes. ¿Será que a la próxima gobernadora le vaya a “doler el codo”?

filivargas@gmail.com