Diputado Molina: crimen impune

Después de que el abogado y familiares de Itiel “N” revelaron en conferencia de prensa que un juez había desestimado las pruebas que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó en contra del apodado “Compa Playa” por el crimen del diputado local Juan Carlos Molina Palacios que se le imputó, este jueves el gobernador Cuitláhuac García afirmó que existen indicios de que el juez habría sido sobornado con 3 millones de pesos para liberar al presunto homicida, a quien retuvieron en prisión atribuyéndole la autoría de otros dos crímenes ocurridos en 2018 en Playa Vicente, su terruño natal.

Con el aparente derrumbamiento de este caso, la que quedaría en entredicho es Marcela Aguilera Landeta, titular de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, quien paradójicamente era muy cercana a Molina. De hecho, la posición que la exdiputada y exmilitante de la UGOCP viene desempeñando desde que en septiembre de 2019 Verónica Hernández Giadáns sustituyó en la FGE al abogado yunista Jorge Winckler, se le atribuía al desaparecido exdirigente de la CNC.

Desde un principio, el homicidio de Molina generó una serie de suspicacias, pues fue ejecutado en el interior de su rancho “Rosa del Alba”, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, que era una auténtica fortaleza, custodiada permanentemente por vigilantes con armas de alto poder. Varios de sus allegados se preguntaron, desconcertados, por qué nadie repelió el ataque a su patrón ni hubo más muertos o heridos. ¿Quién sabía que ese día el diputado no conducía la camioneta blindada que regularmente usaba? ¿Por qué la extraña pasividad de sus familiares más cercanos, quienes no exigían justicia pronta y expedita?, eran otras interrogantes en torno a este sospechoso crimen.

Ante este alud de dudas y especulaciones, en diciembre de 2019 la LXV Legislatura local creó la Comisión Especial para el Seguimiento del Homicidio del diputado Molina Palacios, cuya presidencia le asignaron al priista Jorge Moreno Salinas, allegado al diputado federal del PRI, Héctor Yunes Landa, compadre del extinto legislador.

Según el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local que lo creó, este órgano tiene la facultad de dar seguimiento oportuno a los trabajos de investigación de las autoridades competentes, con pleno respeto a su autonomía y esfera de competencia.

Con esta Comisión Especial, el Congreso del Estado pretendía unirse “a las voces que demandan el esclarecimiento de los hechos, que enrarecen aún más el devenir de la entidad e indignan no sólo a una familia sino a la sociedad veracruzana en su conjunto, por haberse atentado contra un representante popular”.

Pero ahora, con la desestimación del juez de las pruebas aportadas por la FGE, ¿qué dirán?

Otro hecho que enrareció más el crimen de Molina fue la ejecución de su suegro Francisco Guízar Pavón, conocido como el “Rey de las gasolinas”, quien en febrero de 2020, tres meses después de la muerte del diputado, recibió 30 balazos sobre el Bulevar de las Cascadas en Lomas de Angelópolis, en la ciudad de Puebla.