Nos comentan que allá en Veracruz, en cuanto se supo del proyecto del magistrado Octavio Ramos Ramos, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito del Consejo de la Judicatura Federal con sede en Boca del Río, en gobierno del estado, la tensión e irritabilidad se hizo presente, al conocer la posibilidad de que la justicia federal favoreciera a Winckler quien desde 2020 ha argumentado la ilegalidad de su destitución.
El gobernador, por primera vez optó por no dar opinión, asegurando sería respetuoso de las instancias jurisdiccionales. Apenas se dio a conocer el proyecto y se sabe que las llamadas iniciaron y la solicitud de apoyo a la federación fue un hecho notorio, para evitar que algo “catastrófico” ocurriera. Finalmente, aquella “operación” funcionaría, además de que los magistrados federales tenían argumentación suficiente para negar amparo al exfiscal.
Y es que el argumento de los juristas fue declarar el sobreseimiento del proyecto y engrosarlo a otra ponencia para que emita el dictamen final de improcedencia al considerar que el tema motivo de la solicitud del amparo era en contra de la remoción temporal que le dictaron en el mes de septiembre de 2019, hecho que consideraron había quedado sin material, al existir un acto de autoridad posterior que fue la suspensión categórica en marzo de 2020.
Así determinaron que el tema de fondo por atender será el amparo promovido por el segundo acto que fue destitución definitiva, de la que también se amparó. Es así como, concernirá a quien resuelva el amparo motivo del acto señalado y determine si procedería la restitución del exservidor público veracruzano.
Por ahora dicen que el gobernador e integrantes del gabinete pudieron respirar tranquilos una vez que se dio a conocer la negativa a conceder el amparo a Winckler, quien continúa su pelea en los tribunales. Cierto es que, por primera vez el mandatario no opinó mucho y se mantuvo al margen, en esta ocasión no hubo insultos, ni descalificaciones a los magistrados federales, como ha ocurrido en otros momentos.
Aseguran los que saben, que ya le pusieron un alto al mandatario, pues agredir o invalidar el desempeño de los togados no le favorece en nada. Además de que si ya por ahí le habían prometido una ayudadita, para nada le convenía la retórica de siempre pues le resultaría contraproducente.
Lo cierto es que, esos acontecimientos, son “una llamada a misa” -se asegura- para los funcionarios y legisladores veracruzanos que comenten grandes errores jurídicos y que por ahora podría no haber consecuencias, pero en un futuro se asegura, la justicia podría alcanzarles para sancionar actos de abuso de autoridad durante el ejercicio del poder.
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