Desde el sábado 5 de este mes, en una acción coordinada para fortalecer la rendición de cuentas en el proceso electoral del próximo 1º de junio del Poder Judicial, los Comités de Participación Ciudadana (CPC) de los Sistemas Nacional y Estatales Anticorrupción lanzaron una iniciativa para que los candidatos a cargos de ministros, jueces y magistrados presentaran su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, conocida como "3 de 3".
El grupo de trabajo conformado por estos organismos y la organización civil Transparencia Mexicana anunció en esa fecha que, en una primera etapa, invitarían a los 38 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial –nuevo órgano anticorrupción del Poder Judicial– a presentar y publicar sus declaraciones. El objetivo, según puntualizaron, es que la ciudadanía cuente no sólo con propaganda sino con información verificable sobre el patrimonio, intereses y cumplimiento fiscal de quienes buscan ocupar estos puestos.
Dos días después, el lunes 7 de abril, dieron a conocer los formatos de las declaraciones 3 de 3 para su adopción por parte de las candidaturas.
La 3 de 3, impulsada desde 2015 por la sociedad civil, se convirtió en obligación legal para servidores públicos en 2016 gracias al respaldo de más de 634 mil ciudadanas y ciudadanos. Sin embargo, aún no es requisito obligatorio para candidatos a cargos de elección, situación que precisamente esta iniciativa busca cambiar en la práctica, ya que el acceso a esta información permite a la ciudadanía conocer mejor a quienes aspiran a impartir justicia. "No es sólo un ejercicio de transparencia, es una garantía de integridad en quienes deben proteger los derechos de la población frente a los abusos del poder", concluyeron los integrantes del grupo de trabajo.
Hace cuatro días, el Comité de Participación Ciudadana del SNA confirmó a los diarios La Jornada y Milenio que hasta el momento no habían recibido respuesta favorable de ninguna de las 38 candidaturas que disputarán los cinco lugares en el Tribunal de Disciplina Judicial, pese a la convocatoria pública que desde hace dos semanas se hizo junto con el apoyo de la organización Transparencia Mexicana.
Ante la falta de respuesta, a finales de la semana pasada la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, envió un correo directo a cada uno de los candidatos para reiterarles la invitación de que transparenten esta petición, pero nadie ha respondido. Una de las aspirantes que ha evadido responder es la magistrada veracruzana Denisse de los Ángeles Uribe Obregón, quien ha generado suspicacias precisamente porque ha desplegado una costosa campaña por todo el país que obviamente implica gastos de boletos de avión, hospedaje, comidas y traslado vehicular, entre otros.
Inclusive, para posicionar su nombre, tramposamente mandó a imprimir e instalar en Xalapa anuncios espectaculares "invitando" a leer "18 páginas de su libro al día".
Ello ha motivado que algunos que la conocen desde su militancia en el PRI, ahora se pregunten si será verdad que Uribe Obregón, quien el sexenio pasado terminó traicionando a su exprotector, el exsenador y actual diputado local priista Héctor Yunes Landa, ahora es impulsada por el exgobernador Cuitláhuac García y su primo Eleazar Guerrero Pérez, el diputado federal plurinominal de Morena y líder de la asociación política Unidos Todos que salió inmensa e inexplicablemente rico de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Sefiplan.
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