Hasta una semana antes de la elección, sólo siete de los 38 candidatos al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial habían hecho pública su declaración 3 de 3, que incluye situación patrimonial, intereses y cumplimiento fiscal.
Los aspirantes que sí transparentaron esta información fueron María Elisa Vera Madrigal, Jazmín Gabriela Rivera Reyes, Jorge Isaac Lagunes Leano, Fany Lorena Jiménez Aguirre, Bernard Abigail Díaz de León, Juan Pedro Alcudia Vázquez e Indira Isabel García Pérez, quien, por la votación obtenida este primer domingo de junio, es la única de este grupo que tiene amplias posibilidades de formar parte del nuevo tribunal disciplinario.
La publicación de estas declaraciones forma parte de una iniciativa conjunta de los comités de participación ciudadana de los sistemas nacional y estatales Anticorrupción, en coordinación con la organización Transparencia Mexicana. El objetivo era promover la rendición de cuentas entre quienes buscaban ocupar cargos en el Poder Judicial, especialmente ante este inédito proceso electoral en el que fueron elegidas las tres magistradas y dos magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, el nuevo organismo anticorrupción que tendrá un papel fundamental en la supervisión del actuar de jueces y magistrados, pues se encargará de investigarlos y, en su caso, sancionar a los acusados de mal desempeño o malas prácticas.
Por ello, los comités de participación ciudadana consideraron necesario que los votantes contaran con información clara y verificable, más allá de la propaganda electoral.
Aunque esta declaración es obligatoria para servidores públicos desde 2016, aún no lo es para aspirantes a cargos de elección popular, quienes hasta ahora solamente la presentan de manera voluntaria.
Hasta ayer, con 63 por ciento de las casillas computadas, Celia Maya García, actual integrante del Consejo de la Judicatura y tres veces candidata a la gubernatura de Querétaro –una postulada por el PRD y dos veces por Morena–, encabezaba la votación para el Tribunal de Disciplina Judicial con 2.6 millones de votos, equivalentes a 7.7% del total. Sería la primera presidenta del tribunal, cargo que será rotatorio cada dos años. Ella no presentó su declaración 3 de 3.
Tampoco Eva de Gyves Zárate, quien se perfila en segundo lugar con 2.4 millones de votos (7.3%), la cual formó parte del Consejo de la Judicatura hasta noviembre de 2024.
Otro que igualmente se negó a transparentar su situación patrimonial fue Bernardo Bátiz, también miembro actual del Consejo de la Judicatura, quien va en tercer lugar de la votación, encabezando al par de candidatos del género masculino con 2.3 millones de sufragios, cifra que representa el 6.9% del total.
En cuarta posición está Indira Isabel García, que sí cumplió con su 3 de 3. La colimense suma hasta ahora 2 millones de votos (6.1%).
Rufino León Tovar, actual magistrado del Tribunal de Conciliación y Arbitraje –cargo que asumió en el sexenio obradorista–, tampoco dio a conocer su situación patrimonial y casi tiene amarrada la segunda magistratura para el género masculino y última del tribunal disciplinario, al sumar hasta el momento 1.9 millones, equivalentes a 5.7% de la votación nacional.
La magistrada veracruzana Denisse Uribe, identificada con el grupo del exgobernador Cuitláhuac García, y que también se negó a transparentar su patrimonio, lleva 540 mil votos, cifra que a pesar de ser menor sorprende por la opacidad de su financiamiento.
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