Crisis sanitaria y política en el ORFIS

Tremendo jalón de orejas recibió el pasado fin de semana del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Delia González Cobos. ¿La razón? No solo la filtración de una foto del festejo que la secretaria particular, Griselda Lida Álvarez Montero, le organizó al Director General de Asuntos Jurídicos, Felipe de Jesús Marín Carreón, en plena pandemia; ni la gran cantidad de enfermos de COVID-19 que está registrando este organismo, sino el descuido que la Auditora General ha tenido en la realización de las auditorías a los entes públicos veracruzanos.

El festejo fue quizá la gota que derramó el vaso, porque en la imagen se observa al funcionario público rodeado de regalos de una tienda departamental y de una canasta con dulces o frutas. Ese día, nos cuentan, la titular del ORFIS y su grupo se encontraron en la sala de juntas del inmueble y mientras ellos festejaban, en las oficinas adjuntas circulaba de voz en voz la indicación de que los trabajadores vulnerables a COVID-19 se fueran a realizar home office, por más contagios en áreas de trabajo.

Es del dominio público que fue el ORFIS una de los primeros organismos en donde empezaron los contagios de este virus y que muchos directivos, incluyendo la titular de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, Cecilia Leyla Coronel Brizio, padecieron de esta enfermedad. Sin embargo y a pesar de todo esto, en ningún momento la titular Delia González Cobos tomó medidas drásticas para salvaguardar al personal.

Ese día, al calor del festejo, dio la instrucción de que los vulnerables se resguardaran en casa, luego de que el encargado de las cámaras de videovigilancia diera positivo, así como personal del área de Auditoría Especial Social, de la Secretaría Técnica, de la Subdirección de Finanzas, del área jurídica y de Informática. 

Pero eso no ha molestado tanto a las autoridades responsables de la conducción del estado. Lo que realmente ha preocupado es el retraso que tiene en el cumplimiento de las auditorías a los entes fiscalizables. El 31 de enero de 2021 es la fecha límite de la prórroga que el Congreso del Estado puso para la entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2019.

De los 334 entes a fiscalizar en el Programa Anual de Auditorías, la titular bajó a 307, quitando entes autónomos, al Centro Estatal de Justicia Alternativa y el Fideicomiso de Administración e Inversión Número F/407807-7, del Poder Judicial, entre otros.

Tenían programadas 11 auditorías especiales de legalidad y desempeño y en una reprogramación sólo dejaron una auditoría en la SEDARPA; una al Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP); la de Ayahualulco; la de Xalapa; la de Zozocolco de Hidalgo y la del Instituto Metropolitano del Agua, liberando, por ejemplo, a la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Hugo Gutiérrez Maldonado, de esa responsabilidad de auditoría especial de legalidad y desempeño.

A ese paso, se ve difícil que el ORFIS cumpla su trabajo en la revisión de la Cuenta Pública 2019 para el 31 de enero. Si lo hace, los resultados y la opacidad podrían dar mucho qué desear. @luisromero85