Nunca como ahora, ni siquiera en el mandato de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), se había dado una confrontación tan fuerte de las cúpulas empresariales del país contra un Presidente de la República, la cual está por dirimirse en la jornada electoral del próximo domingo 6 de junio.
Para nadie es un secreto que las medidas dispuestas por el presidente López Obrador no han sido bien vistas por los organismos empresariales –Coparmex una de ellas–, cuyos socios vieron mermados sus privilegios, principalmente fiscales, de los que de manera alevosa gozaron durante varios sexenios.
Por eso ahora, magnates como Gustavo de Hoyos, Claudio X. González Laporte y José Antonio “El Diablo” Fernández Carbajal, entre otros, emprendieron una cruzada antiMorena colocando a cientos de empresarios como candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD a cargos de elección popular, los cuales reciben millonarios recursos para sus campañas con el fin de frenar a los abanderados de Morena y sus partidos aliados.
En el gobierno obradorista tienen detectados a cientos de empresarios en todo el país trabajando con un objetivo de ser contrapeso al régimen de la 4T.
En el puerto de Veracruz, por ejemplo, la Coparmex, organización patronal que preside Alberto Aja Cantero, pregona el discurso de inclusión y apartidismo políticos pero en la práctica impulsa y defiende a los abanderados del PAN, mientras que a los de Morena los censura y ataca, como sucedió la semana anterior con el diputado federal con licencia Ricardo Exsome Zapata, candidato a la alcaldía porteña, a quien le cerró las puertas de esa cámara empresarial.
El columnista Darío Celis, de El Financiero, publicó este viernes 28 que “el trabajo para sumar apoyo económico, movilizar personas, aportar y colocar propaganda política en las ciudades, se orquestó con un trabajo ordenado y organizado desde las cúpulas empresariales, las cámaras industriales y de comercio, los gremios profesionales y agrupaciones de amigos en Valle de Bravo, Cuernavaca, Boca del Río, Puebla, Alto Sano (Morelia), Chapala y clubes deportivos”.
Por ello, en el caso de Veracruz, trascendió que no es remoto que antes o después de la elección, el gobierno de la 4T judicialice algunas de las cuatro carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez, cuyo grupo impulsa candidatos en los principales municipios y distritos electorales de la entidad por la alianza antiobradorista.
No es casual, pues, que la familia Yunes –ante la ausencia del exfiscal Jorge Winckler Ortiz, actualmente prófugo– haya contratado los servicios del abogado penalista José Luis NassarDaw, un litigante que tampoco es bien visto por el gobierno de la 4T.
Entre los clientes de Nassar destaca el exgobernador priista de Nayarit, Roberto Sandoval, acusado de corrupción y con órdenes de aprehensión giradas en este sexenio. También Raúl Salinas de Gortari, LisseteFarah –la madre de la niña Paulette–, la cantante Belinda y hasta el futbolista tapatío Rafael Márquez, exjugador del Barcelona.
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