Contraloría: más de los mismo

Debido a la valiente denuncia de Ismael Díaz Guevara, un modesto empleado asignado a la Unidad Administrativa de la Contraloría General del Estado (CGE), donde desde hace varios años percibe un raquítico sueldo mensual de 10 mil 774 pesos, han comenzado a trascender otra serie de presuntas corruptelas en esta dependencia que paradójicamente es la encargada de prevenir y sancionar la malversación de los recursos públicos.

Según ha trascendido, estos supuestos abusos datarían desde la administración de Leslie Mónica Garibo Puga, la primera contralora que solamente duró en el cargo menos de diez meses, del 1 de diciembre de 2018 al 13 de septiembre de 2019.

A la protegida de Rocío Nahle le adjudicaron el encubrimiento de una presunta lista de personas que tenía sueldos asignados en la CGE de entre 30 y 40 mil pesos mensuales, pero que sólo recibían el 20 por ciento. Tras su abrupta renuncia fue sustituida por Mercedes Santoyo Domínguez, quien se desempeñaba como directora general de Fiscalización Interna de la CGE pese a que es ingeniera bioquímica administradora en proceso de alimentos egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro.

Sin embargo, el cambio parece no haber erradicado esas mismas corruptelas. Y es que ahora ha trascendido que una supuesta operadora de la contralora Santoyo, identificada como Margarita Orozco y conocida en las redes sociales como “Maggie” Orozco, sería quien se dedica a reclutar personas dispuestas a firmar por 30 mil y hasta 45 mil pesos a cambio de recibir el 10%, o menos, mensualmente.

En esta trama de corrupción han sido implicados la Maestra en Auditoría Emma Patricia García Rodríguez, a cargo del órgano de Control Interno de la Secretaría de Salud, y el titular de la Unidad Administrativa de la propia CGE, Alfonso Sánchez García.

Los nombres y los supuestos contratos han empezado a ser difundidos en las redes sociales.

Su modus operandi involucraría a gente interna de la Secretaría de Hacienda que los dan de alta en el SAT, presentan declaraciones y hasta movimientos fiscales, sin que la o el titular lo haga, según señalan.

Los cheques de nómina los cobraría “Maggie” Orozco, y el dinero de la parte que les toca los entrega presuntamente en sobres afuera de la sucursal bancaria.

Según refieren, ella se encargaría supuestamente de reclutar a la gente, elaborar los contratos laborales “y hasta te gestiona la ‘efirma’ ante el SAT”.

Empero, su ambición desmedida por obtener más ganancias mediante este tipo de “moches” , la habría llevado a hacer contratos y dar de alta en la SHCP a personas que nunca autorizaron utilizar sus nombres ni pudieron haber firmado algún documento de recibido pues ¡radican en Estados Unidos!, tal como ocurrió el 25 de octubre del 2021 cuando la misma Unidad Administrativa de la CGE realizó el trámite para la información reservada o confidencial, eliminando el renglón correspondiente a datos personales como la nacionalidad, su RFC y domicilio particular, como habría sido el caso de Rafael Antonio Rodríguez Morales, un supuesto “Prestador de Servicios”, según el contrato 5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021.