Comtelsat: dos años después

Luego de que el gobierno de Cuitláhuac García, de Morena, amagó con proceder penalmente contra la empresa contratada en la administración del exmandatario panista Miguel Ángel Yunes Linares para instalar 6 mil 400 cámaras de videovigilancia en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos –por las que “se pagaron mil 200 millones de pesos por adelantado y el trabajo (de instalación) no se concluyó”, operando con deficiencias el 34 por ciento de ellas, según se acusó–, una representante de la compañía expuso por escrito el 5 de marzo de 2019 ante la entonces directora general Jurídica de la SSP, Aillet García Cayetano, que desde el 29 de enero de ese año extraoficialmente se le había negado el acceso a Comtelsat al Proyecto, impidiendo “actividad alguna” tendiente a su finalización.

En respuesta al expediente SSP/DG/RAC/004/2018, sobre el Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato SSP-UA-111-17, celebrado el 07 de diciembre de 2017 entre el Gobierno del Estado a través de la SSP y Comtelsat para la “Adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el Estado de Veracruz”, la apoderada legal de la empresa, Gabriela Montaño Zúñiga, afirmó que “aun cuando existe la intención y voluntad de solventar solicitudes respecto a necesidades que surgen, no se encuentra en posibilidad de llevarlas a cabo” porque desde hacía dos meses no les habían permitido el acceso al Proyecto.

Además señalaba que la totalidad de los bienes entregados hasta entonces por su representada ascendía “al valor correspondiente asignado en el contrato, e incluso se ha hecho entrega e instalación de bienes por un valor mayor y en exceso”, tal como estaban descritos en el Anexo Técnico del Contrato, los cuales se encontraban instalados a disposición del Gobierno del Estado, tal como había quedado establecido en las minutas, relaciones de trabajo y validaciones elaboradas por ambas partes, incluyendo la identificación de cada uno de dichos bienes, sus características y sus ubicaciones.

Asimismo aseguraba que el servicio de electrificación sí se concluyó, pero que “la puesta a punto del Proyecto no se ha completado en su totalidad” debido a “diversas causas ajenas a mi representada, tales como fallas técnicas impredecibles que se encuentran en proceso de resolución, así como afectaciones de origen meteorológico que han retrasado la configuración de los equipos e incluso han generado daños al equipamiento, complicaciones orográficas, saturación del espectro radioeléctrico, por señalar las principales”.

También presentó al Jurídico de la SSP un documento con una detallada explicación técnica de la problemática que continúa vigente respecto a la funcionalidad del Proyecto, comprometiéndose a que la empresa lo concluiría en un periodo de 160 días en cuanto le permitieran su acceso a él.

Ayer, casi dos años después, el gobernador afirmó en conferencia de prensa que “la opción que vimos más viable” es que la contratista “concluyera gran parte de los trabajos de la instalación de las cámaras”.