Cazarín: otro revés jurídico

El coordinador de los diputados locales de Morena, Juan Javier Gómez Cazarín, se autopromueve en redes sociales y publicaciones digitales como “el mejor operador político” del gobernador Cuitláhuac García y busca reelegirse en junio próximo como legislador, aunque esta vez se presume que como representante popular ante la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Sin embargo, como líder de la bancada mayoritaria y presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura del estado, Gómez Cazarín ha resultado un fiasco, pues aunque carecía de experiencia como diputado ha tenido a su disposición en estos dos años un costoso grupo de funcionarios y asesores que supuestamente sí saben de Derecho constitucional y técnica legislativa.

Sin embargo, este martes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le asestó un nuevo revés al Congreso local al declarar como inconstitucional la Ley 248 de Comunicación Social del Estado de Veracruz, aprobada por el rebaño de Cazarín en mayo de 2019.

De los 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN, 10 votaron a favor y solo uno en contra del proyecto que invalidó dicha ley al considerar que la mayoría legislativa en el Congreso de Veracruz incurrió en violaciones al procedimiento legislativo.

Pero ésta no es la primera vez que la Suprema Corte les enmienda la plana a los diputados que coordina Gómez Cazarín.

En total, la LXV Legislatura del Estado que está bajo control de la bancada  mayoritaria de Morena, suma al menos 16 reveses contra de decretos y leyes, así como acuerdos del Pleno. Las acciones de inconstitucionalidad han sido promovidas principalmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en un caso por el Poder Ejecutivo Federal.

Hace un mes, a principios de diciembre pasado, la cadena de yerros se rompió por lo más delgado: fue sacrificada la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso, Georgina Maribel Chuy Díaz.

El aparente motivo fue el estruendoso escándalo mediático que generó el revés de la SCJN a la Reforma Constitucional en materia electoral, aprobada y publicada el 20 de julio de 2020, la cual ponía contra la pared –a menos de un año de los comicios municipales y de diputados locales– a los partidos de oposición y hasta al propio Órgano Público Local Electoral (OPLE), pues Gómez Cazarín y compañía promovieron un recorte a las prerrogativas partidistas y pretendieron desaparecer los 212 consejos municipales electorales y blindar al gobernador Cuitláhuac García de la consulta ciudadana para la revocación de mandato del titular del Poder Ejecutivo, no obstante que ya había sido aprobada por el Congreso de la Unión.

Cazarín y sus diputados ni siquiera pudieron sacar legalmente bien la intervención en 2019 de la Tesorería de Mixtla de Altamirano, un paupérrimo municipio de la sierra de Zongolica, pues la Suprema Corte también declaró parcialmente inconstitucional ese proceso legislativo.

¿Usted votaría por la reelección del coordinador de Morena y sus diputados en junio próximo?