Bermúdez: blindaje 4T

Este miércoles 11, al enterarse que la Fiscalía General del Estado había ejecutado una nueva orden de aprehensión en contra de su exsecretario de Gobierno Rogelio Franco, el exgobernador Miguel Ángel Yunes recriminó que el gobierno de Cuitláhuac García “promueve acciones penales contra funcionarios de mi administración ‘acusándolos’ de haber participado en la recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al patrimonio de Veracruz, de donde habían salido”.

El problema es que el excolaborador de Yunes habría incurrido en actos ilegales en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, quien denunció a Franco por los presuntos delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, lo que al parecer al exfuncionario duartista le permite asegurar impunidad con el gobierno de Morena a cambio de que éste pueda retener en prisión a uno de los principales operadores político-electorales del exmandatario del PAN.

Y es que muy difícilmente Bermúdez y sus familiares más cercanos, que serían sus prestanombres, podrían justificar las millonarias propiedades inmobiliarias que adquirieron en el sexenio de Duarte en Estados Unidos, Veracruz, Quintana Roo y Ciudad de México.

Casualmente, este jueves el diario Milenio publicó un documento titulado “Acres de Lavado de Dinero, Por Qué las Inmobiliarias Estadunidenses son el Sueño de la Cleptocracia”, elaborado por el think tank Global Finance Integrity, en el que México encabeza a la clase política mundial que esconde así sus ganancias ilícitas.

Y… ¡oh, sorpresa!, de los exfuncionarios y exgobernadores mexicanos que lideran esta lista sobresalen el veracruzano Javier Duarte con 30 casas en Florida y el exmandatario tamaulipeco Tomás Yarrington con las propiedades que confesó tener en Texas e Isla del Padre, así como el exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, con su casa de 3.3 millones de dólares en Golden Beach.

En su análisis de 125 casos, Global Finance Integrity calcula que entre 2015 y 2020 se lavaron por lo menos 2.3 billones de dólares sólo en el sector inmobiliario estadounidense.

En el caso del exgobernador de Veracruz cita al menos cuatro investigaciones periodísticas de España y Estados Unidos para detallar que fue acusado en 2016 de malversar 26 millones de dólares e incluso fomentar actividades del narcotráfico y adquirió al menos 90 propiedades en México, España y Estados Unidos, usando abogados y socios de negocios al frente de una complicada red de compañías en Texas, Delaware y Florida.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces en Estados Unidos, los compradores extranjeros de inmuebles, originarios principalmente de Canadá, México, China, India y el Reino Unido, pagan inclusive un precio superior –351 mil dólares– al de las casas en venta en ese país que asciende a 305 mil dólares. Y el 39% de los compradores extranjeros suelen pagar en efectivo.

El año que más mexicanos compraron bienes raíces en Estados Unidos fue 2017, después de que concluyó el sexenio duartista.