El delegado en Veracruz de los programas federales para el Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, reveló presuntas irregularidades en el manejo de la nómina en dicha dependencia.
El señalamiento del exdiputado no puede tomarse a la ligera, pues implica un posible mal manejo de los recursos públicos.
El portal de noticias Al Calor Político publicó una entrevista con el funcionario del gobierno federal, en la que expuso que, tras realizar una revisión exhaustiva en la dependencia, se detectaron personas que cobraban sin trabajar, conocidas como "aviadores".
Según Gómez Cazarín, los casos detectados fueron dados de baja de manera inmediata, y la depuración del personal avanza en un 80%.
El delegado, quien recientemente estuvo involucrado en un escándalo por la compra de tabletas a precios exorbitantes en el Congreso local, afirmó que los directores regionales de la Secretaría de Bienestar han depurado las nóminas, logrando la baja de personas que no se presentaban a trabajar.
Sin embargo, no proporcionó detalles concretos, como el número de aviadores detectados ni el monto del daño al erario público. Tampoco mencionó nombres, limitándose a señalar a quienes estuvieron al frente de la delegación en Veracruz durante la administración anterior.
Cabe recordar que antes de la llegada de Juan Javier Gómez Cazarín a la delegación de Bienestar, el cargo fue ocupado por el actual senador por Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien permaneció en el puesto durante la mayor parte del pasado sexenio.
En septiembre de 2023, Manuel Huerta renunció a la dependencia para buscar la candidatura al gobierno estatal, momento en el que fue nombrada Daisy Lludmila Martínez Cámara como encargada del despacho.
Incluso, en octubre de 2024, ya con el nuevo gobierno federal en funciones, Martínez Cámara fue ratificada como delegada de programas. Antes de asumir ese cargo, había sido directora regional en Cosoleacaque, por lo que se le consideraba cercana a Manuel Huerta.
Lo cierto es que la declaración de Gómez Cazarín sobre los aviadores en la dependencia genera más dudas que respuestas. El caso debería investigarse a fondo: ¿Cuántas personas cobraban sin presentarse a laborar? ¿A cuánto asciende el monto de los recursos destinados al pago de aviadores? ¿Desde cuándo cobraban sin trabajar? Y, finalmente, ¿quién fue el responsable de autorizar sus altas en la nómina?
Es bueno que estos casos sean revisados con rigor por los nuevos responsables de la delegación. Sin embargo, también es deseable que el tema de los aviadores no se limite a una simple denuncia mediática; porque podría quedar la impresión de que todo se reduce a una confrontación entre los actuales y los pasados funcionarios de la dependencia.
En pocas palabras, no basta con una declaración; Gómez Cazarín tiene la obligación de presentar pruebas, y denunciar los hechos.
@luisromero85
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