Autoridades electorales en contextos democráticos

Las elecciones y todo lo que éstas implican son vistos como temas ajenos por la mayoría de la población dentro del imaginario colectivo. Sin embargo, esta situación cambia radicalmente cuando las decisiones de los representantes elegidos por sufragio universal impactan notablemente en nuestra cotidianidad, en especial si se trata de algo que percibimos como negativo. Es en ese momento cuando se vuelve evidente la trascendencia de la gobernanza electoral que, entre sus elementos más relevantes, implica tener autoridades encargadas de la función electoral objetivas, imparciales y profesionales.   

Las elecciones organizadas con participación de la ciudadanía, periódicas y libres son parte de la normalidad para muchos de nosotros, pero no siempre fue así. En el México posrevolucionario, el origen caudillista que tenemos como nación hizo necesario recorrer un camino paulatino, largo y complejo para lograr la democratización del país y aunque persisten desafíos, sería incorrecto desdeñar el andamiaje jurídico e institucional que se ha construido durante décadas en diversas reformas político-electorales, impulsadas principalmente desde la izquierda como parte de un proceso de liberalización.

La gobernanza electoral y las autoridades garantes de la legalidad, veracidad y certeza de los comicios son cruciales para el desarrollo de la República. Más allá de qué candidato, partido político o coalición obtenga el triunfo en las urnas, para la ciudadanía, lo esencial es que las elecciones se mantengan como el medio legítimo y legitimado para acceder al poder político no solo en la narrativa, sino en el mundo factico. ¿Hay pendientes?, desde luego que sí y se deben atender con altura de miras, pero a diferencia de la primera parte del siglo XX cuando la vía de las armas era la que se imponía; o el período comprendido entre 1929 y la década de los setenta, cuando las elecciones representaban un instrumento para legitimar y asegurar la permanencia del régimen hegemónico, actualmente sí se protege la voluntad popular.

Entonces, la interrogante es ¿en qué momento y cómo se protege la voluntad popular en los contextos democráticos? La respuesta es amplia y de manera enunciativa, más no limitativa, ello ocurre cuando se instalan prácticamente todas las casillas proyectadas para una elección, cuando se capacita a todos los ciudadanos que resultaron insaculados, cuando hay transparencia en la configuración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, cuando se informa de cada etapa del proceso electoral y cuando existe certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad alrededor de los comicios y de la resolución de las impugnaciones y controversias con la finalidad de proteger los derechos político-electorales. De esta manera, se puede ver qué tan eficaz, eficiente, confiable y creíble es el trabajo de las autoridades electorales al buscar garantizar elecciones en condiciones de equidad e imparcialidad, así como el desarrollo de cómputos veraces, exactos y fidedignos: en suma, un proceso electoral de calidad (José Alfredo Pérez Duharte).

Así de relevantes son la gobernanza electoral y el papel de las autoridades encargadas de la función electoral en las democracias representativas. El gran desafío que tienen las autoridades electorales radica en conducirse como agentes morales y éticos, de la misma forma en la que lo hacen los jueces, más allá de si tienen o no, independencia política en cuanto a su extracción, en todo momento se debe garantizar que la autonomía esté presente en la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales descartando toda intervención proveniente del poder Ejecutivo o Legislativo.  

En el contexto del proceso electoral más grande de la historia, en el que se van a renovar más de 20 mil cargos de elección popular el 2 de junio de 2024, es necesario tener claro que toda autoridad electoral, igual que cualquier otro ente, siempre será susceptible de ser fortalecida, porque, así como nadie tiene la verdad absoluta, ninguna institución es perfecta. En todo caso, lo sano y deseable sería construir acuerdos desde una discusión en la arena del debate técnico, informado y objetivo para que los aspectos positivos se mantengan y los rubros en donde existan deficiencias o excesos, sean modificados sin estigmas. Si aspiramos a una verdadera consolidación democrática, esa debería ser la ruta y para ello es indispensable que todos los actores involucrados actúen con responsabilidad republicana y sin visiones sesgadas.

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*Asesor en materia legislativa.

Licenciado en Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Maestro en Ciencia Política, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Maestro en Derecho Electoral, Escuela Judicial Electoral (EJE) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).