Las Cumbres de Maltrata, ese tramo de la carretera Puebla-Veracruz que serpentea entre montañas, es mucho más que un simple paso obligado hacia el sureste mexicano.
Para quienes transitan por allí, es una prueba de valentía diaria, un lugar donde el riesgo de ser asaltado o sufrir un accidente es tan real como el asfalto bajo las ruedas.
A pesar de las promesas gubernamentales de mejorar la seguridad, incluyendo la implementación de drones para vigilancia, la realidad es que los incidentes continúan.
Los automovilistas y traileros que cruzan esta ruta enfrentan un doble riesgo: el de los accidentes provocados por las peligrosas condiciones del terreno y el de los asaltos violentos, muchas veces perpetrados a plena luz del día.
El reciente asalto a la activista Aracely Salcedo, despojada de su camioneta en este tramo, es un lamentable recordatorio de la vulnerabilidad de quienes transitan por estas carreteras.
La respuesta del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien rápidamente aclaró que el suceso ocurrió en territorio poblano, deja en evidencia una preocupante tendencia a minimizar la gravedad del problema.
García Jiménez, en lugar de asumir la corresponsabilidad y trabajar en una solución conjunta, optó por deslindar a su estado de los hechos.
Esta actitud refleja una falta de coordinación y de compromiso real con la seguridad de los ciudadanos.
La inseguridad en las Cumbres de Maltrata no es un problema nuevo, y mucho menos aislado.
Es un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa el país entero.
Como lo expresó ayer mismo el senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara: "no se puede tapar el sol con un dedo".
La realidad es que la situación en esta carretera agravia no solo a los veracruzanos, sino a todos los mexicanos que dependen de esta vía para sus actividades diarias.
La falta de seguridad en las carreteras, que debería ser una preocupación primordial para cualquier gobierno, se ha convertido en un tema que se aborda con medidas superficiales y respuestas evasivas.
La propuesta de Huerta de pasar de un concepto de seguridad pública a uno de seguridad humana es una necesidad imperiosa.
Este enfoque no solo implica una mayor cercanía entre la sociedad y las fuerzas de seguridad, sino también un uso más inteligente de la tecnología y un diagnóstico real de la situación.
Las estrategias de seguridad deben ir más allá de cambiar uniformes o nombres de instituciones; necesitan un cambio de actitud y una coordinación efectiva entre todos los niveles de gobierno.
La seguridad no puede ser vista como un problema que se resuelve con parches temporales, sino como una cuestión de derechos humanos fundamentales.
El caso de Aracely Salcedo es solo uno de muchos que se repiten día tras día en las Cumbres de Maltrata.
Cada vez que un conductor se ve obligado a cruzar este tramo, lo hace con el temor constante de no llegar a su destino. Y aunque algunos traileros han intentado organizarse en convoyes escoltados por la Guardia Nacional, esta estrategia es difícil de implementar y no es una solución a largo plazo.
La mayoría de los conductores no pueden permitirse esperar para unirse a un convoy, lo que los deja a merced de los delincuentes.
La falta de acción efectiva por parte del gobierno ha permitido que la inseguridad se arraigue en las Cumbres de Maltrata, creando un caldo de cultivo para que los delincuentes operen con impunidad.
Los accidentes, a menudo causados por las peligrosas condiciones de la carretera, son a veces provocados deliberadamente por los mismos criminales para luego saquear las cargas de los vehículos pesados.
Esta situación es insostenible y requiere una respuesta firme y decidida.
El gobierno de Veracruz, junto con el de Puebla y la Guardia Nacional, debe asumir la responsabilidad de garantizar la seguridad en este tramo de la carretera. No es suficiente con señalar con el dedo hacia otro lado o minimizar los hechos.
Es hora de que se implementen medidas concretas y efectivas, que se refuercen las patrullas en la zona, y que se establezca una verdadera coordinación entre las autoridades de los estados colindantes.
La vida y la seguridad de miles de mexicanos dependen de ello.
En un país donde la violencia y la inseguridad se han convertido en la norma, las Cumbres de Maltrata son un doloroso recordatorio de lo mucho que queda por hacer a la autoridad.
Pero también representan una oportunidad: la oportunidad de demostrar que cuando se trabaja en conjunto, con seriedad y compromiso, es posible recuperar la seguridad en nuestras carreteras y devolver la tranquilidad a quienes transitan por ellas.
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