Alcaldesa tóxica

El jueves pasado, al abordar el caso de la alcaldesa de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, el gobernador Cuitláhuac García dijo que la munícipe le había solicitado audiencia y que, “por lo extraordinario del caso”, contaría con el apoyo institucional del Estado, por lo que personalmente la atendería él o su secretario de Gobierno, Eric Cisneros.

García Jiménez declaró que la edil había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en referencia al caso del supuesto rapto de su pequeño hijo, por el que la FGR inició el 8 de agosto de 2022 la Carpeta de Investigación FED/FEMDO/UEIDMS-VER/0000557/2022, la que el Ministerio Público federal remitió la semana antepasada a la Fiscalía General del Estado (FGE) porque finalmente determinó que pudiera tratarse de un delito del fuero común, ya que “no se advierte ni aún de manera indiciaria la existencia de una organización criminal y menos aún que la misma se haya organizado con la finalidad de cometer el delito de secuestro…”, tal como lo señaló la alcaldesa, quien en este delicado asunto ha incurrido en una serie de contradicciones y falsedades, igual que a finales de febrero pasado con el crimen de su secretario particular Octavio Acosta, de cuyo homicidio acusó públicamente, sin prueba alguna, al periodista Santos López Celdo, corresponsal del Diario del Istmo.

Por eso llama la atención que pese a que el gobernador calificó su caso de “extraordinario”, Sánchez Vargas no ha sido recibida aún por el mandatario veracruzano ni por el titular de la SEGOB.

La situación para la alcaldesa se ha complicado, pues la FGR concluyó que en este caso no encontró elementos para determinar la participación de la Delincuencia Organizada, y que por el contrario sí halló “datos de prueba que dan cuenta que el presente asunto se encuentra tipificado en el artículo 14 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro”, que prevé “de cuatro a dieciséis años de prisión al que simule la privación de la libertad de una persona...”

En su análisis de los hechos ocurridos el 28 de julio de 2022, la FGR refiere que los supuestos secuestradores “exigen la firma de un cheque de 10 millones de pesos a cambio de la liberación de la víctima”, la cual fue localizada el 13 de agosto de 2022 en las instalaciones del puesto fijo de rescate humanitario de la Guardia Nacional ubicada en la carretera Transístmica tramo Palomares-Matías Romero, Oaxaca, “en compañía de su tío, identificado con las iniciales JMSV en buen estado de salud…”. Sin embargo, el MP federal resalta “que de ninguno de las partes de investigación que obran en la presente Carpeta de Investigación, se puede asumir que el ilícito que nos ocupa se haya realizado por parte de algún grupo de Delincuencia Organizada…”

Ahora, la alcaldesa, su hermano Omar Sánchez Vargas y la niñera de su hijo, Francisca Benítez Vargas, enfrentan una contrademanda en la FGE que presentó el empresario citricultor Erasmo Vázquez González por falsedad ante la autoridad, falsas denuncias y simulación de pruebas.