Alcaldesa en aprietos

Bastante extraña, por decir lo menos, es la denuncia que ante medios de la Ciudad de México hizo la alcaldesa morenista de Sayula de Alemán, Lorena Sánchez Vargas, quien dijo ser rehén de un grupo delictivo que, según afirmó, en estos primeros siete meses de su administración ha controlado las finanzas municipales y actualmente mantiene secuestrado a su hijo de tres años.

La munícipe de Morena declaró que cuando asumió el cargo, los presuntos criminales se apoderaron de las claves electrónicas y chequera del municipio. Comentó que en enero, cuando fue al banco, le pidieron el toquen y la chequera, y que estando ahí recibió la llamada de Miguel Vázquez Bonilla, apodado “El Chivo”, quien es hijo de Erasmo Vázquez González y hermano de Juan Carlos Vázquez.

Dijo que a partir de ese momento se mantuvo vigilada por varios integrantes del grupo delictivo y era acompañada, en todas las actividades municipales y personales, por un hombre armado, que simulaba ser su secretario, pero en realidad pertenecía a ese grupo. Identificó a los hermanos Miguel Ángel y Juan Carlos Vázquez Bonilla como los interlocutores del grupo criminal y quienes la amenazaron en varias ocasiones.

Pero más de siete meses antes, el 31 de diciembre de 2021, al rendir protesta formal como presidenta municipal, Sánchez Vargas había dedicado casualmente una parte de su discurso para agradecer el respaldo de los empresarios Erasmo Vázquez González y Miguel Ángel Vázquez Bonilla. Los definió como “hombres de lucha y que me enseñaron a luchar de frente”.

La alcaldesa, cuyo esposo Héctor Velázquez Vázquez fue asesinado el 15 de febrero del 2020 por un comando armado cuando se desempeñaba como regidor, se comprometió desde entonces a combatir la violencia, el cobro de cuota, secuestros y homicidios. Ofreció consolidar una policía municipal para implementar una política de “cero tolerancia a la delincuencia”.

Quienes atestiguaron sus palabras fueron Guilebaldo Maciel Mercado, director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, quien acudió en representación del gobernador Cuitláhuac García y del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, así como el delegado de Política Regional de la Segob, Mario Domínguez Montero.

Otra contradicción de Sánchez Vargas fue la versión que dio a los medios capitalinos acerca del crimen de su secretario particular Octavio Acosta, un joven estilista de 25 años, asesinado el 27 de febrero durante el desalojo de comerciantes en el campo deportivo, homicidio que en su momento le imputó al corresponsal del Diario del Istmo, Santos López Celdo, porque según afirmó el reportero, “le molestó” que publicara la historia de una mujer que se negaba a ser desalojada de su hogar que habitaba desde hacía 30 años. Pero ahora la munícipe asegura que Acosta fue amenazado por los criminales tras haberle aconsejado que no firmara los cheques en blanco.

Para colmo, la alcaldesa dijo que escapó de sus vigilantes, a sabiendas de que su hijito estaba dizque “secuestrado” por los criminales, y se fue directamente al Senado, cuyo líder, Ricardo Monreal, es el enemigo político más repudiado por los morenistas que gobiernan Veracruz.