Justicia veracruzana, prueba de fuego

Este martes 29, al mediodía, se realizará en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del decimoséptimo Distrito Judicial del puerto de Veracruz una audiencia de imputación en contra del empresario Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel por los delitos de fraude, amenazas y daños dolosos en contra del también empresario cordobés Joaquín Rodríguez Fernández.

El caso, que ya abordamos aquí, ha tomado varios giros y lleva el tufo de la corrupción que tanto han cuestionado al Poder Judicial tanto el presidente López Obrador como el gobernador Cuitláhuac García. Esa telaraña, que alcanza a magistrados, jueces, ministerios públicos, entre otros, fue ventilada recientemente –en el fuero federal– por Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de la SSPC.

Al hacer un recuento –con nombre y apellido– el general Rodríguez Bucio citó ocho casos en donde estarían involucrados jueces y magistrados federales de Veracruz que, ante la comisión de delitos graves, se oponen a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

En ese contexto, el empresario Manuel Rodríguez Fernández y sus hijas Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel están intentando comprar la justicia en Veracruz y se han aliado con la Juez de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del decimoséptimo Distrito Judicial de Veracruz, Ihali Patricia Armas Márquez, quien ya fue denunciada por el agraviado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como consta en la carpeta de investigación 398/2023 y con el magistrado Sergio Jiménez Maraboto, ligado familiarmente con el Notario de Fortín de las Flores, Gabriel Alejandro Cruz Maraboto, así como Ricardo Aguilar Rodríguez, quien ha defendido a la jueza Angélica Sánchez Hernández, acusada por actos de presunta corrupción y detenida en la Ciudad de México el 16 de junio pasado.

¿Podrá aplicarse la justicia en este caso, ante la red de intereses creados por los económicamente poderosos empresarios que encabeza Manuel Rodríguez Fernández? El caso de la jueza Ihali Patricia Armas Márquez, investigada en la causa penal 97/2023, del Juzgado de Control de Veracruz, por la denuncia de la víctima Joaquín Rodríguez Fernández, quien la acusa de haber recibido cantidades millonarias por haber dejado en libertad a los empresarios corruptos imputados, es más que evidente.

No obstante que los empresarios involucrados en el fraude tienen doble nacionalidad (española y mexicana), después de evadirse de la justicia en reiteradas citas de audiencia, la vez que se presentaron, la jueza Ihali Patricia los dejó ir tranquilamente, sin siquiera celebrar la audiencia y decretarles prisión justificada debido a su doble nacionalidad, dándoles todas las facilidades para evadir la justicia.

La audiencia de mañana será indudablemente una prueba de fuego para saber de qué lado está la justicia veracruzana, pues ha trascendido que saldrá a flote el poderío económico de los empresarios acusados y que la audiencia se pospondrá nuevamente, como lo han venido haciendo en este último año. De celebrarse –según presumen los propios imputados–, será con un Juez a modo que ya tendrían negociado desde del Poder Judicial del Estado.º