´ACALAMBRAN´ A BARTLETT

Hace menos de seis meses, el 16 octubre de 2024, tanto Breon Peace, entonces fiscal para el Distrito Este de Nueva York, como Katrina W. Berger, a la sazón directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y Anne Milgram, por esa fecha titular aún de la DEA, advirtieron al unísono tras anunciar conjuntamente el veredicto en contra del exjefe policiaco del sexenio calderonista: "La sentencia dictada hoy contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia".

Casi tres semanas antes, el 25 de septiembre, el gobierno del presidente Joe Biden había desclasificado un memorando enviado desde la embajada en la Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986 sobre el caso del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, que confirma que Manuel Bartlett Díaz, quien a finales de ese mes acababa de entregar la Dirección de la CFE, está involucrado en este caso que le tocó como secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), del PRI.

Como ya se ha documentado, la tortura y crimen del agente antinarcóticos de EU se atribuyó al cártel de Guadalajara que en la década de los ochentas lideraba Rafael Caro Quintero, quien últimamente lideraba el cártel de Caborca, Sonora, y que a finales de febrero pasado fue entregado sin proceso de extradición por el gobierno de México al de EU junto con otros 28 capos y criminales de Los Zetas, del CJNG, Cártel del Golfo, La Familia Michoacana y del grupo de los Beltrán-Leyva, que estaban recluidos en diferentes penales del país.

Esta semana debió ponerse muy nervioso Bartlett, pues coincidentemente cuando la secretaria de Seguridad Interna de EU, Kristi Noem, se hallaba en México para reunirse en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, el diario Reforma destacó en su portada que Julia Elena Abdalá Lemus, pareja sentimental del exdirector de la CFE, recibió en sus cuentas bancarias 4.5 millones de dólares, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, depositadas por miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La concubina del exgobernador de Puebla aclaró que los recursos transferidos fueron por una venta de un hotel-boutique en la colonia Anzures de la CDMX y que ella mantenía una amistad de 42 años con Silvia Pinto, esposa de Mauricio Weinberg López y madre de Jonathan Weinberg Pinto, que encabezan un conglomerado de empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha señalado como parte de la red que sirvió al exsecretario calderonista de Seguridad Pública para lavar alrededor de 630 millones de dólares.

En su columna de ayer, publicada en el diario El Universal, Salvador García Soto comentó sobre la inminente salida de Pablo Gómez de la UIF, un área estratégica que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por presión estadounidense, quiere controlar con alguien de su absoluta confianza para golpear frontalmente a los cárteles de la droga también en sus activos financieros y sus redes de lavado de dinero.