Veracruz | 2020-03-02 | Heladio Castro
En México urge una nueva Ley Nacional de Seguridad Privada para dar certeza a quienes contratan los servicios del sector y garantizar condiciones óptimas a su personal, pues han crecido en 15 por ciento, aseveró Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.
Estimó que en el país hay entre 6 mil y 7 mil 500 empresas de ese rubro y de ellas, sólo entre 2 mil a 3 mil cuentan con un permiso federal; el resto opera sólo en el ámbito estatal, y al menos 200 mil incumplen la regulación existente.
En conjunto emplean a más de 500 mil elementos a lo largo y ancho de la geografía nacional, sin que nadie sepa de dónde los tomaron, si tienen la capacitación necesaria y si les garantizan la seguridad social para ellos y sus familias, ante la peligrosidad de sus empleos.
Se calcula que la oferta de esas empresas ha crecido en 15 por ciento debido a la inseguridad en el país, pero no parece haber inspecciones para verificar que cumplan con la normatividad, opinó.
Por una parte existe una regulación federal obsoleta, del año 2006, que choca con la de algunos estados, aunado a una sobrerregulación y a la competencia desleal de prestadores de servicios de dudosa capacidad para brindar el servicio, señaló Sapién Santos.
La actual ley data del año 2006 y no responde a las condiciones actuales de una inseguridad que se ha multiplicado desde entonces a la fecha y con una delincuencia cuya habilidad para burlar a la ley se multiplica a pasos agigantados, destacó el presidente del CNSP.
En su opinión, no se debe soslayar a un sector que genera hasta el 2.4 por ciento del Producto Interno Bruto. Se requiere una ley con un criterio nacional, que posibilite la formación de un cuerpo homologado y una coordinación entre federación y estados para evitar criterios disímbolos y para crear un Registro Nacional de Empresas de Seguridad Privada.
En cuanto al personal que labora en ellas propone un registro que incluya a todos los que existen en el país, mediante un censo y la asignación de un número único, para poder monitorearlos a lo largo de su desempeño en el sector.
Destacó que la idea no es una persecución de empleados de seguridad privada, sino crear una interrelación entre esas empresas y las de seguridad pública, para intercambiar información en delitos específicos, como podría serlo el creciente robo a cuentahabientes y a las instituciones bancarias.
Sapién Santos dijo que el Consejo Nacional de Seguridad Privada es una asociación civil conformada por 150 empresas a nivel nacional que generan más de 200 mil empleos en modalidades como guardias intramuros, custodia de bienes y personas en transporte, investigación, capacitación especializada, entre otras; además de productos relacionados con la seguridad, como la videovigilancia, sistemas de geolocalización, tecnologías de control de acceso y seguridad perimetral y equipamiento personal y empresarial de protección y seguridad.