Veracruz | 2023-12-03
En Veracruz sí existen usuarios del servicio eléctrico que han tramitado amparos para no pagar el consumo de energía eléctrica, pero no es posible saber cuántas, desde cuándo ni cuál es el monto que los motivó a acudir a esa medida, afirmó Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.
Dijo que se trata de usuarios inconformes con los cobros de la Comisión Federal de Electricidad, y después de acudir a audiencias con mediación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sin llegar a ningún arreglo, optan por buscar abogados e iniciar un juicio de amparo.
Dejó en claro que nadie sabe cuántos amparos se han tramitado ni cuántos han prosperado o fracasado porque cada quejoso realiza sus acciones con su abogado.
Dijo saber que "pocas" personas han iniciado esa medida, pero no existe un área que concentre esa información y la instancia contra la que se quejan no lo hace público.
Dijo que hubo un caso que avanzó bastante y al final fracasó.
"Sí existen amparos contra la luz, pero antes tienes que agotar ante Profeco, tienes que agotar las instancias de aquí de Veracruz, en el procedimiento. Los que tramitan el amparo son los abogados, porque tiene un costo, puede salir al menos en unos 6 mil pesos y mucho más, son muchos factores (...), y el amparo nada más es una suspensión provisional, no te da el gane definitivo", señaló Moncayo Parra.
La peor parte es cuando después de mucho tiempo el quejoso pierde el caso, no procede su amparo y tiene que pagar todo el consumo que se le acumuló en el juicio.
Recalcó que rara vez se acude a un amparo por algo que no representará un fuerte beneficio económico.
Señaló que llegar hasta la Profeco puede ser la última parada del quejoso antes de desistirse decepcionado porque no logró nada.
Remarcó que incluso cuando se logra una suspensión del cargo reclamado, ésta es provisional, no definitiva, y al final el quejoso tendrá que pagar el consumo acumulado, sin haber resuelto nada.
Mencionó que sólo entran en esa carrera las grandes empresas que tienen recursos para gastar en esa batalla legal que generalmente no beneficia al reclamante.
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