Veracruz | 2023-08-28
El diputado presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento en el Congreso del Estado de Veracruz, Fernando Arteaga Aponte, afirmó que desde el Congreso del Estado se agotaron todos los procedimientos para propiciar la revocación de la concesión a la empresa privada Grupo MAS y depende de la definición que tome el cabildo del ayuntamiento de Veracruz si se cancela o se mantiene el contrato con dicha empresa.
Durante su visita al Corporativo Imagen del Golfo, Fernando Arteaga indicó que desde que asumió el cargo como diputado local, buscó que la empresa privada cumpliera con su obligación de suministrar agua de buena calidad y a tarifas justas; sin embargo, debido al incumplimiento reiterado y las quejas de la ciudadanía se inició el trabajo legislativo para otorgar a los ayuntamientos de Veracruz y Medellín las herramientas para cancelar la concesión con Grupo MAS.
“Deben tomar una decisión con todo respeto en el cabildo y ya esa decisión depende del municipio de Veracruz, en donde tenemos que darle respuesta a la sociedad que me llevó a la máxima tribuna del estado, porque entonces puedo decir que yo cumplí como legislador… Ya no depende del diputado local, depende del cabildo del ayuntamiento de Veracruz”.
En este contexto, el 14 de junio del 2022 presentó un punto de acuerdo para solicitar la intervención del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), la Secretaría de Salud y la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado (PMA), para que cada uno, desde sus atribuciones, evaluaran el trabajo del Grupo MAS, con la finalidad de comprobar las faltas en las que estaba incurriendo con la prestación del servicio.
Las evaluaciones y análisis realizados por las dependencias antes citadas exhibieron el mal desempeño de la empresa privada. La Secretaría de Salud, a través de la Dirección Contra Riesgos Sanitarios, determinó que se suministra agua potable a los usuarios que representa un riesgo sanitario físico, químico y biológico para la población de Veracruz y Medellín.
Por su parte, en la revisión que realizó el Orfis se detectaron diversas inconsistencias. En el ámbito financiero hubo un incumplimiento en el cobro y recepción de ingresos; incremento de tarifas sin justificar; ausencia de manuales y documentos de control; falta de instrumentos de control y cumplimiento contractual; además de fideicomiso sin evidencia de trabajos realizados.
En tanto que, en los aspectos técnicos evaluados, el órgano de fiscalización detectó 20 deficiencias en la operación, mantenimiento y cumplimiento de regulaciones por parte de la empresa privada concesionaria del agua potable.
Con los resultados anteriores, el ayuntamiento de Medellín de Bravo aprobó por unanimidad en el cabildo, la escisión del municipio a la sociedad con el Grupo MAS, con lo que se dio inició al trámite de separación el pasado 28 de julio, tras el envío del acta de cabildo a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
Al mismo tiempo, en la Legislatura local se autorizó la creación de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, para que esta sea la entidad que administre los servicios que prestaba el Grupo MAS, además de regular los permisos, convenios y contratos que sean de competencia del municipio.
El diputado Fernando Arteaga Aponte indicó que el pasado 24 de agosto se entregó en Palacio Nacional los antecedentes con la ruta legislativa que se ha seguido para la revocación de la concesión a la empresa privada, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las autoridades locales intervenir en el tema, tras la pregunta que formuló la corresponsal del Corporativo Imagen del Golfo en conferencia mañanera sobre el tema.
Actualmente, insistió el legislador, solo se requiere que el ayuntamiento de Veracruz, encabezado por la alcaldesa panista, Patricia Lobeira Rodríguez, tome una definición sobre su permanencia o separación de Grupo MAS.
Arteaga Aponte afirmó que anteriormente hubo acercamiento con la edil, pero busca que en una próxima reunión se entreguen todos los elementos que en su momento se presentaron al alcalde de Medellín, Marcos Isleño, y en donde se exhibe el mal trabajo de la empresa y su incumplimiento con el contrato.
“Hoy ya no depende del diputado local, hoy va depender de que las autoridades municipales de Veracruz hagan lo propio para poder separarse y pedir cuentas al Grupo MAS de todo lo que cobraron a los usuarios, de toda la inversión que ellos supuestamente hayan realizado, como comprobante que cumplieron con las bases de las normatividades que rige la concesión y que en las cláusulas estaba estipulada, lo cual no se aplicó ningún solo peso, en base a las investigaciones que nosotros promovimos”, declaró.