| 2024-10-30
El anuncio de que Pemex y CFE han sido declaradas nuevamente como empresas públicas del Estado mexicano tiene varias implicaciones importantes para Veracruz y el país en general. Este cambio se produce tras la reforma constitucional aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados, que busca restaurar el control estatal sobre los recursos energéticos, debilitando el modelo privatizador establecido en 2013.
Recuperación de la soberanía energética: La reforma busca garantizar que los recursos energéticos, como el petróleo y la electricidad, sean administrados por el Estado, lo que se traduce en un mayor control sobre estos recursos y la posibilidad de direccionar las ganancias hacia el bienestar social y el desarrollo regional
Acceso a energía asequible: Con la CFE y Pemex actuando como empresas públicas, se espera que los servicios energéticos sean más accesibles para la población, incluyendo a las comunidades más vulnerables en Veracruz y otras áreas rurales
Inversión en infraestructura: Se proyecta que el retorno al estatus de empresas públicas permita mayores inversiones en infraestructura energética, lo cual es crucial para el desarrollo de la región y para cumplir con las necesidades energéticas de la población.
Generación de empleo: La reactivación de Pemex y CFE como empresas públicas podría contribuir a la creación de empleos en el sector energético, especialmente en áreas donde las empresas han estado en declive o han reducido su personal
Impacto en el medio ambiente: Al priorizar la CFE sobre las empresas privadas, se espera que las políticas energéticas se enfoquen en energías más limpias y sostenibles, lo que podría tener un impacto positivo en la calidad del medio ambiente en Veracruz.
Sin embargo, también hay preocupaciones sobre cómo se llevará a cabo esta transición y si realmente se logrará cumplir con los objetivos planteados sin el apoyo del sector privado, que ha sido criticado por algunos legisladores de la oposición.
Este cambio en la estructura energética puede ser visto como un paso hacia un modelo más centrado en el bienestar social, pero su efectividad dependerá de la implementación adecuada de las políticas públicas que se desarrollen en torno a esta reforma.
Este 30 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto que restituye a Pemex y a la CFE como empresas públicas del Estado. Durante su anuncio, Sheinbaum enfatizó que esta medida devuelve a los mexicanos las empresas que siempre debieron ser del pueblo, señalando que la reforma previa de 2013 había desnaturalizado su carácter público, convirtiéndolas en "empresas productivas del Estado" con un enfoque en la obtención de utilidades en lugar de su responsabilidad social
La presidenta también aclaró que, aunque Pemex y CFE volverán a ser empresas públicas, se permitirá la participación del sector privado, pero bajo un marco regulatorio que asegura que las empresas del Estado prioricen el servicio al público. La reforma incluye la incorporación del litio como un recurso estratégico, prohibiendo su concesión a empresas privadas, lo que busca garantizar la accesibilidad y continuidad de los servicios energéticos para toda la población.
Este decreto es parte de un movimiento más amplio para fortalecer el control del Estado sobre el sector energético, lo que se considera fundamental para el desarrollo nacional y la seguridad energética del país.