Veracruz | 2023-06-10
El incumplimiento de la pensión alimenticia que deben cubrir los padres a sus hijos no se reduce únicamente a aparecer en un listado, que será actualizado periódicamente, implica otras acciones más que imposibilitarán al deudor a poder casarse o contender para algún cargo público, entre otras.
De acuerdo a la abogada Alejandra Monserrat Espinosa Martínez, miembro activo de Nova Iustitia, círculo de abogados respaldado por la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad, un dictamen que plantea reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“El objetivo de esta modificación es el de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país”, explicó.
La propuesta plantea crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, para proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes aprobó la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una base de datos que concentra la información de los morosos y cuya consulta será requisito para realizar trámites y obtener documentos de identidad”, detalló.
Explicó que las personas registradas en esa lista de deudores estarán impedidas para realizar algunas acciones como cualquier ciudadano.
“Entre las restricciones que enfrentarán está el no poder ser candidatos a cargos de elección popular ni participar como aspirantes a jueces locales y federales”, manifestó.
Agregó que el no aparecer en esta lista, ahora es un requisito para las personas que pretendan contraer matrimonio pues ahora deberán acreditar la no inscripción frente al Registro Civil; los deudores también enfrentarán restricciones migratorias, siempre que existan argumentos que sugieran su salida del país como un medio de evasión de su deuda”, indicó.
Advirtió que está lista estará en manos de los Tribunales Superiores de las 32 entidades federativas y de la Ciudad de México que serán los encargados de suministrar, intercambiar, sistematizar, consultar, analizar y actualizar, la información, utilizando los sistemas e instrumentos tecnológicos del Sistema Nacional DIF.
“Aunque el registro es público, se específica que las Procuradurías de Protección de las entidades federativas y de la Ciudad de México tendrán acceso total a las bases de datos de este registro que será actualizado cada mes”, concluyó.