Xalapa , Ver | 2022-08-08
Yesenia “N”, la mujer acusada de haber asesinado a sangre fría a siete integrantes de su familia, un menor de edad entre ellos, deberá cursar el resto de su embarazo en prisión preventiva en la cárcel y no en su domicilio.
Dicha determinación, que fue tomada por la jueza de control Alma Aleida Sosa Jiménez, deriva de que el delito de homicidio doloso calificado por el que se le inició el proceso amerita necesariamente prisión preventiva oficiosa, máxime que la mujer se encontraba evadida de la acción de la justicia cuando fue detenida, la semana pasada, en el norte del país.
Al respecto, el abogado Arturo Nicolás Baltazar señaló que efectivamente, la medida cautelar impuesta por la autoridad no vulnera en ningún sentido los derechos de la mujer pese a su embarazo, puesto que es un delito grave.
Además, dado que todas las personas que murieron fueron asesinadas con todas las agravantes que contempla la ley, es decir, con premeditación, alevosía y ventaja.
Indicó que a eso se suma que no se ha establecido que la mujer tenga algún padecimiento que ponga en peligro su vida o la del producto, de ahí que en su momento se establecerán los protocolos para que dé a luz, sin que esto signifique que pueda irse a su casa con prisión domiciliaria.
“Los centros de reinserción social tienen la obligación de brindarle todos los servicios que ella requiera, incluida la asistencia en el parto.
“Atendiendo al delito que es de prisión preventiva oficiosa, sí es legal que la jueza decida mantener a esta persona privada de su libertad en un centro de reinserción social”, acotó.
El abogado insistió que no hay, a la vista, ningún abuso de parte de la autoridad judicial en la imposición de la medida cautelar, salvo que su defensa lograra acreditar que su vida o embarazo están en riesgo.
“Aquí la defensa es quien tiene que acreditar el riesgo para la persona privada de su libertad o del producto”, sentenció.
Nicolás Baltazar dijo que las especulaciones sobre este y otros temas, se debe a que hay hermetismo en los procesos, pues no se permite el acceso de los medios de comunicación a las audiencias.
Recordó que la Constitución misma establece que los juicios orales deben ser públicos y pidió a la Fiscalía General y al Poder Judicial que se abran los procesos para informar bien a la sociedad.