Veracruz | 2024-02-24
En el estado de Veracruz impera la impunidad en el delito de tortura, donde de las 398 carpetas de investigación abiertas en 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) no logró la judicialización de ninguna, reveló el informe Hallazgos 2022 del Observatorio contra la Tortura.
El informe Hallazgos 2022 es resultado de un ejercicio de investigación y análisis de miles de datos recabados directamente de las autoridades responsables de prevenir y perseguir la tortura, detalla el documento presentado el pasado 20 de febrero por el Observatorio contra la Tortura.
Detalla que en Veracruz por el delito de tortura se abrieron 137 carpetas de investigación más en 2022 que en 2019. Sin embargo, no hay una relación entre la dotación de presupuesto para investigar este delito y el incremento de las investigaciones anuales, ya que en 2022 el presupuesto fue de 0.00 pesos.
Refiere que la Ley General contra la Tortura ordena que en todos los estados del país y a nivel federal se creen fiscalías especializadas en la investigación del delito de tortura.
"Todas las fiscalías deben contar con unidades o instituciones especializadas en la investigación de casos de tortura. Para ello, deben contar con recursos humanos, financieros y materiales necesarios para operar adecuadamente. Las fiscalías especializadas juegan un papel crucial para garantizar el acceso a la justicia y reparación a las víctimas de tortura. [sic]", menciona el informe.
Durante el 2022 hubo 398 carpetas abiertas en el MP y 613 víctimas de tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID), pero ninguna fue judicializada, por lo que ninguna víctima tuvo acceso a un peritaje oficial para documentar la tortura.
Cabe señalar que de las 613 víctimas de tortura y/o TPCID, 538 fueron hombres y 75 mujeres.
"Judicializar una carpeta significa que el caso ha avanzado lo suficiente en la investigación para ser presentado ante un juez o tribunal. Esto significa que se han recopilado pruebas y evidencias suficientes para sostener una acusación contra los presuntos responsables frente a un juez. [sic]", explica el documento.
La investigación sobre el trabajo de las Comisión de Víctimas revela que en 2022 solo una víctima fue registrada tortura y/o TPCID por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Estatal, 11 fueron beneficiarias de medidas de ayuda asistencia y reparación integral; con asesoría jurídica 7 beneficiarias y cero sentencias dictadas por tortura y/o TPCID.
Por parte de los organismos públicos de derechos humanos, se emitieron 83 quejas por tortura (la FGE fue la más señalada con 30 quejas) y 146 quejas por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (la FGE fue la más señalada con 41 quejas), además se realizaron 4 peritajes a 3 hombres y una mujer, uno mostró correlación entre el relato de tortura y los hallazgos médicos y/o psicológicos.
Se emitieron 13 recomendaciones por tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Cabe señalar que, entre las autoridades más denunciadas por tortura en 2022 en el estado de Veracruz, la Fiscalía General del Estado acumuló la mayor cantidad con 30, la Secretaría de Seguridad Pública (24), sin determinar (18) y el sistema penitenciario (6).
Mientras que por tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (TPCID), (50) sin determinar la autoridad, (41) contra la FGE, (27) contra la SSP, (4) contra el sistema penitenciario, (4) otros.
La tortura es un delito clasificado como imprescriptible, por lo que sin importar el tiempo que haya transcurrido desde que se cometió el delito, las autoridades pueden investigar y llevar la carpeta ante un juez.
Lo anterior también conlleva que una carpeta de investigación por tortura, una vez abierta, se mantendrá vigente hasta que el ministerio público la judicialice o en su caso, se abstenga de investigar por considerar justificadamente que los hechos no son constitutivos de un delito de tortura o malos tratos, puntualiza el informe.
El 26 de junio de 2017 se publicó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en México (Ley General contra la Tortura).
Dos años después, en 2019, un grupo de organizaciones de la sociedad civil: Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, crearon el Observatorio contra la Tortura, una iniciativa para monitorear los avances en la implementación de esta ley esencial para combatir la tortura en México.