Veracruz - Boca del Río | 2024-12-23
La extorsión es el único delito de alto impacto que no ha logrado ser contenido por el gobierno federal en todo el país. Las autoridades reconocen que se trata de un lastre que buscan combatir a través de trabajo de inteligencia coordinado con los gobiernos estatales, para contenerlo y reducir su incidencia.
En el caso de Veracruz, las cifras oficiales muestran un incremento de casi 600 por ciento en la última década, con un aumento en la incidencia sostenido cada año, que únicamente pudo sostenerse entre el 2019 y 2020.
Para tener una idea más precisa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró 126 carpetas de investigación abiertas por extorsión por la Fiscalía General del Estado durante el 2015.
Mientras que de entre enero y noviembre del 2024, los casos de extorsión que se denunciaron en la entidad veracruzana ante la FGE fueron 870, faltarían las denuncias que se agreguen al cierre de diciembre, que es el mes en curso.
A nivel nacional, también se ha tenido un aumento sostenido en la incidencia del delito de extorsión en la última década, pues de los 6 mil 8 casos denunciados en el país durante el 2015, estos pasaron a 9 mil 428 en el último reporte oficial del 2024.
Lo anterior significó un incremento de 56 por ciento en la última década, es decir, aunque hubo un aumento sustancial en la incidencia de este ilícito y es el único delito de alto impacto que no ha logrado contenerse, el aumento que se registra en el estado de Veracruz está por arriba de la media nacional.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del gobierno federal, el fenómeno de la extorsión en México tiene sus orígenes a principio del año 2000, cuando el acceso a la telefonía celular se amplió a un mayor número de personas.
En un manual elaborado por la dependencia, se detalla que, vía celular, los delincuentes plantean supuestos escenarios que incluyen situaciones de riesgo o peligro para la posible víctima o sus familiares, tales como amenazas de daño físico o patrimonial, secuestros, detenciones de familiares a causa de un delito, así como actividades de organizaciones delictivas que "vendían" seguridad.
Posteriormente, agrega la SSyPC, los extorsionadores comenzaron a utilizar argumentos menos agresivos y elaborados, entre los que se incluyen premios obtenidos tras algún sorteo, campañas publicitarias e incluso nombrar fundaciones altruistas.
Las autoridades diferencian dos tipos de extorsiones, la directa, que ocurre cuando el delincuente se presenta físicamente en algún establecimiento o domicilio particular, para amenazar al propietario o a la persona que labora ahí.
Es común que el extorsionador se identifique como integrante de algún de la delincuencia organizada sin serlo, pretendiendo realizar un cobro para brindar seguridad o no hacer daño. Si la víctima no accede a la extorsión, las amenazas pueden intensificarse con el paso de los días.
La extorsión indirecta es comúnmente ejercida con el uso del servicio de telefonía. Puede realizarse con una falsa notificación de un premio que puede ser dinero, un automóvil o un viaje y el delincuente condiciona la entrega de este por un pago previo.
En esta modalidad entra el secuestro virtual de un familiar. Las amenazas y agresiones verbales son un distintivo y pueden engañar a la víctima para que pague un supuesto rescate e incluso para que se ausente por su voluntad y pedir dinero a cambio de su libertad.
El engaño también puede ocurrir cuando el extorsionador se hace pasar por un familiar y afirma que necesita dinero porque está detenido. Otra de las modalidades es cuando se amenaza directamente de muerte a la persona que responde.
Aunque pueden existir otras formas de engañar a las víctimas, en todos los casos la recomendación de las autoridades es denunciar ante la Fiscalía General del Estado.
El delito de extorsión y su tentativa se encuentra previsto y sancionado en el artículo 220 del Código Penal del Estado de Veracruz.
En dicho artículo se establece de tres a diez años de prisión y una multa de hasta 500 días de salario mínimo a quien incurra en este crimen.
La pena se aumentará una mitad si la extorsión es ejercida por un servidor público, además se le aplicará la destitución e inhabilitación de uno a seis años para desempeñar cualquier otro cargo o comisión en el servicio público.
El año en el que la incidencia de extorsión se disparó en el estado fue el 2017, cuando pasó de 126 y 192 casos en 2015 y 2016, a 609. El año siguiente que fue el 2018 el registro del SESNSP fue de 578 carpetas de investigación.
Para 2019, 2020 y 2021 las cifras oficiales de extorsión en Veracruz fueron de 794, 714 y 744. A partir del 2022 las carpetas de investigación abiertas por este delito superaron las 800 y hasta noviembre de este año se registran 870.
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