Veracruz | 2024-01-28
Que el Penalito situado al norte de la ciudad de Veracruz viola los derechos humanos de quienes caen ahí lo entienden todos, menos los funcionarios del gobierno estatal, lamentó Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho de Veracruz.
Recordó que en el año 2010 el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán hizo desalojar el Penal Ignacio Allende de la avenida Allende entre Cortés y Canal.
Desde entonces, a todos los detenidos y sujetos a proceso se les envía al Penalito en la colonia Playa Linda, cuya capacidad es sólo para 70 personas y no es para sentenciados a condenas largas, explicó Pozos Marín.
"Viola los derechos humanos de quienes están detenidos de manera preventiva y en su oportunidad, hasta que se les dicta el auto de vinculación a proceso y posteriormente son trasladados a uno de los 16 penales que tiene la entidad.
"Ha habido omisión de los diferentes gobiernos: Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Cuitláhuac García Jiménez. No se ha querido hacer una inversión del gobierno estatal, que también hay una inversión del gobierno federal", señaló Pozos Marín.
El abogado recordó que hace años en la congregación Esperanza, municipio de Medellín de Bravo, se donaron 20 hectáreas de terreno para construir un Centro Federal de Readaptación Social, pero la administración de Javier Duarte no lo hizo.
"Se iba a realizar esa inversión, pero desapareció el dinero, una partida presupuestal de la federación y del gobierno estatal. Albergaría reos de delitos federales, delitos estatales y tendría talleres y canchas deportivas, pero esa inversión desapareció y a la fecha seguimos padeciendo ese gran problema donde se violan los derechos humanos de las personas que son detenidas", puntualizó Pozos Marín.
Se violentan derechos humanos fundamentales, hay hacinamiento, reiteró.
"Es un grave problema porque cuando hay mujeres sujetas a proceso y se les vincula al mismo, es un espacio de 3 por 2 metros. Lamentablemente en las administraciones estatales y federales no han querido buscar la solución a este gran problema.
"La Convención Internacional de Derechos Humanos señala que las personas debe ser llevado su proceso y sentenciadas y cumplir la sentencia en donde cometieron el delito.
Incluso aunque nosotros tenemos 13 años declarando sobre el indebido proceso y el derecho humano de cualquier persona que es detenido el proceso, no se ve interés en hacer esa inversión económica para construirlo", subrayó Pozos Marín.
Aclaró que la partida presupuestal existe desde hace tiempo pero no se ha ejercido.
"Debe verlo el gobernador con la Secretaría de Gobernación; ya está la partida presupuestal y los medios", puntualizó el abogado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un informe que señala diversas violaciones a los derechos humanos de las personas encerradas bajo prisión preventiva en el “penalito” de Veracruz.
En la recomendación 307/2023 emitida el 15 de diciembre, se destacan hechos de maltrato y privación de derechos fundamentales de los encarcelados. Destaca, por ejemplo, la situación de hacinamiento, la carencia de artículos de higiene o comida, o incluso la separación por sexo de los encarcelados.
En las 16 recomendaciones emitidas por la CNDH se instó al gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a garantizar la estancia digna y segura, protección a la salud, alimentación; dotación de ropa, insumos de higiene; trabajo, capacitación, educación, deporte; comunicación con el exterior; y trato digno de los apresados.