Veracruz | 2023-03-31
En abril de 2021, el gobierno de López Obrador acordó con Estados Unidos el despliegue de más de 10 mil elementos de Guardia Nacional (GN) en la frontera con Guatemala, con la finalidad de acotar el flujo de migrantes que buscan ingresar a ese país por el territorio mexicano. Salen de sus respectivos terruños huyendo del hambre, la miseria y la muerte.
Las manifestaciones y reclamos de organizaciones defensoras de los derechos humanos no fue impedimento para que AMLO buscara congraciarse con la administración de Joe Biden, y tapizó ciudades como Tapachula y las fronterizas con Belice con cientos de elementos de la GN, complicando aún más el tránsito de personas extranjeras que buscan llegar a Estados Unidos pasando por México, y necesariamente, por Veracruz, donde las autoridades del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez encontraron en esta acción del gobierno federal –y de Estados Unidos –,una gran oportunidad de hacer lo que mejor saben: sacar dinero mediante negocios al amparo del poder.
El negocio de altos funcionarios estatales es a costa del sufrimiento, el dolor y la tragedia que viven las personas extranjeras que abandonan sus países, pues para pasar por Veracruz, además de pagar una cuota monetaria bastante abultada, a veces les representa también el pago de una cuota de sangre o de cárcel en los separos del Instituto Nacional de Migración (INM), que deporta por cientos a quienes no llegan a un acuerdo con los polleros y los personeros del gobierno de Veracruz.
Todo lo anterior se sustenta en datos, hechos y evidencias, además de que el caso es un escándalo inocultable debido por la presunta participación de los titulares de la Secretaría de Gobierno –Eric Cisneros –y de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, quienes de acuerdo con las denuncias se han convertido en presuntos CEO (gerentes) de una de las empresas criminales que más ganancias les estarían dejando al mes.
Las cifras se estiman en millones de pesos, todo en complicidad con mandos policiales de las delegaciones de la SSP en Cosoleacaque, Acayucan, Las Choapas, Coatzacoalcos, entre otras, donde se ha establecido una especie de corredor del dinero escoltando vehículos, desde coches compactos hasta camiones y tráileres en los que a diario se mueven decenas de migrantes que, lejos de ser tratados como seres humanos, les dan trato de mercancía porque les genera ganancias millonarias.
El tráfico humano se realiza con personas de orígenes distintos. Hay ciudadanos de Honduras, El Salvador y Nicaragua; también de países asiáticos; de Brasil, África y de Medio Oriente que buscan el Sueño Americano, pero padecen la desgracia de cruzar por Veracruz –tierra de nadie –donde deben dejar importantes sumas de dinero para conseguir salir con vida, no caer en los separos del INM y librar así la deportación.
Y es que al interior de la dependencia que encabeza el capitán Cuauhtémoc Zúñiga no solo hay una red de acosadores sexuales, la cual ha quedado expuesta en la prensa nacional e internacional; también existe una intrincada, compleja y bien organizada red de elementos de la SSP que colaboran en el movimiento de personas extranjeras sin documentos, claro, obteniendo jugosas ganancias en los traslados que se cobran por tipo de vehículo, inclusive. Los pagos se realizan en moneda nacional o en dólares.
El negocio ya devino en conflictos. De acuerdo con informes consultados, en la zona sur de Veracruz se ha desatado una batalla encarnizada entre mandos medios de la SSP para ocupar el cargo de delegado en el municipio de Las Choapas. Esta delegación deja tanto dinero que es conocida entre jefes y tropa como “La Mina de Oro”, ya que en el peor de los escenarios los altos funcionarios obtienen ganancias de hasta un millón de pesos por semana. Cuando el flujo migratorio es alto, la cifra aumenta.
Antes, esta zona de Veracruz era usada como plaza de castigo. Es una de las más retiradas de Xalapa, la capital del estado, pues entre ambas hay 400 kilómetros de distancia.
Allá iban a parar elementos o mandos que se portaban mal. Se les presionaba enviándolos a esa región sureña para que renunciaran a sus puestos.
Pero gracias al acuerdo sellado entre el presidente López Obrador y el gobierno de Estados Unidos para cortar el flujo migratorio con elementos de la GN apostados en la frontera con Guatemala, ahora esa plaza es la más codiciada por mandos y tropa, pues descubrieron el boyante negocio que significa el paso de migrantes o “pollos”, como les llaman los policías.
El negocio es muy jugoso. Mandos medios y superiores de la SSP tienen cuotas establecidas para autorizar el paso de migrantes que intentan cruzar por Veracruz.
Las cuotas –sostienen las fuentes referidas –se negocian con los “polleros” o bien con la delincuencia organizada, que desde hace varios años explota el tráfico humano. El corredor del sur de Veracruz está controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJGN), según los informes consultados.
La dinámica y el negocio opera de la siguiente manera: Por pasar un coche pequeño con centroamericanos se pagan 3 mil pesos (por cada vehículo); camioneta SUV, 4 mil pesos; por camioneta grande, 5 mil pesos; camioneta van, suburban o sprinter, 7 mil pesos; camioneta de tres a siete toneladas, 15 mil pesos; por un torton, 18 mil pesos; por un tráiler, 20 mil pesos.
Los polleros que quieran pasar por Veracruz ya saben que forzosamente tienen que reportarse con el delegado en Las Choapas, Jesús Prieto Rodríguez, de distintivo Toretto, gente allegada al titular de la SSP, capitán Cuauhtémoc Zúñiga. También le responde a Rafael Ángel González Uscanga, exdirector de la Fuerza Civil y actual subsecretario de Seguridad Pública.
Cuenta un alto mando de la policía veracruzana “que desde que van planeando llegar a Veracruz deben informar cuántos vehículos llevan, mandar fotos, así como la cantidad de personas para iniciar las negociaciones. En el caso de que de que los polleros y los mandos de la SSP lleguen a algún acuerdo, se envía a elementos oficiales sin uniforme y en coches sin emblemas para recoger el dinero. Así le dan entrada a la caravana”.
Explica que es muy común que se realicen detenciones de vehículos con migrantes o que se les asegure en hoteles, eso pasa porque son polleros que no quisieron pagar o debido a que la cuota les pareció muy alta, por lo cual son puestos a disposición.
Expone: “Por eso es muy importante que desde que ingresan a territorio veracruzano, los que acuerdan con la SSP, envíen fotos de los vehículos de la caravana, así como el contacto del encargado para correr el dato a las demás delegaciones y retenes en donde pasarán “los pollos”.
“Esta es una práctica que se comparte con otras corporaciones como SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, entre otras, para que todos estén coordinados sobre el paso de migrantes, y claro, es un negocio exclusivamente de los mandos”. Así cruzan el peligroso territorio veracruzano cientos de hombres, mujeres y niños que buscan llegar a los EU. El dinero que pagan en su mayoría se queda en manos de los delegados de la SSP en Las Choapas, Coatzacoalcos, Juan Rodríguez Clara, Cosoleacaque y Acayucan, el conjunto de delegaciones que controlan más de 100 municipios donde la violencia, el tráfico de drogas, así como las amenazas, el robo de ganado y el secuestro están a la orden del día, pues las autoridades preventivas están más ocupadas en sacarle dinero a los migrantes que en atender la seguridad pública.
Estimaciones someras indican que al menos el 70 por ciento de las ganancias de los “pollos” se queda en manos del delegado en turno; la otra parte la deben reportar a los altos mandos y se asegura que la red de beneficios económicos llega hasta el secretario de la SSP, Cuauhtémoc Zúñiga; al sub secretario, Rafael Ángel González Uscanga; y al titular de la SEGOB, Eric Cisneros Burgos.
A este último se le ha vinculado en la presunta protección de Gil Caro Quintero, “El Pelos Chino”, de acuerdo con informes de la DEA, la agencia antidrogas norteamericana. También se le relaciona con una banda de presuntos polleros. Gil Caro Quintero está afincado en el municipio de Vega de Alatorre y, de acuerdo con la DEA, encabeza el llamado cártel de Caborca.
De acuerdo con las denuncias consultadas, así como con fuentes policiacas, en Veracruz opera una red de corrupción con el negocio de la migración ilegal que estaría “muy bien protegida” por altos mandos de la policía y funcionarios de primer nivel del gobierno veracruzano.
La red estaría encabezada por el delegado de Las Choapas –Jesús Prieto Rodríguez, “El Toretto” –. De él se afirma que es muy allegado a Cuauhtémoc Zúñiga, así como a Eric Cisneros, el secretario de Gobierno. Otra parte de la red la encabeza en Cosoleacaque Hernán Olmos Hernán, “El Blindado”.
En Coatzacoalcos está Jesús Barrera Sobrevilla, “Huasteco” y Andrés Humberto Segura Barradas, “Fénix”, subdirector de la SSP en la zona sur. También forma parte del esquema Francisco Alexander Ronzón Cardeña, “Ronzón” –delegado de esa dependencia en Acayucan — elemento de alta confianza de Rafael Ángel González Uscanga, el segundo hombre al mando dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. También es allegado a Eric Cisneros.
Cisneros fue amenazado por la delincuencia organizada en 2022 cuando aparecieron nueve cadáveres en la autopista Isla-Cosoleacaque. De ese hecho trágico surgió la versión de que el funcionario presuntamente está relacionado con el crimen, aunque hasta ahora no ha sido investigado oficialmente por la FGR.
La realidad del sur de Veracruz –y de otras regiones del estado –revela que las autoridades de la SSP están concentradas en generar dinero con el negocio de la migración ilegal, encarcelar a rivales políticos y a toda persona que no comulgue con los grupos de Eric Cisneros Burgos y de Cuitláhuac García Jiménez, quien se ha ganado la mala fama de ser es el gobernador más represivo e incompetente que ha tenido el estado de Veracruz.
Esta descomposición del estado no es desconocida para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El 1 de diciembre de 2022, elementos de la Fuerza Civil –operaban las patrullas FC2141 y FC1698 – fueron sorprendidos por personal de la Sedena, en funciones de Guardia Nacional, cuando trasladaban a centroamericanos a bordo de las unidades; también otorgaban custodia a otros vehículos con migrantes localizados en Ixhuatlán del Sureste.
Los elementos sorprendidos respondían directamente a los capitanes Cuauhtémoc Bonilla –en ese tiempo subsecretario de seguridad –y a Rafael Ángel González Uscanga, entonces director de la Fuerza Civil tras la caída de Hugo Gutiérrez Maldonado como titular de la SSP.
En medio del escándalo por las detenciones del personal bajo su mando –a lo que se sumó la desaparición forzada del policía Juan Alan Cuetero Meza –los dos capitanes ascendieron rápidamente al poder.
De esta forma, la red de protección al tráfico humano sigue intacta, pues ambos son estrechamente cercanos a Eric Cisneros, secretario de Gobierno. No sólo eso: operan como sus arietes para reprimir a opositores fabricando delitos, siembran armas y drogas para cuadrar las incriminaciones, de acuerdo con informes en poder de este reportero. De esta forma sirven a Cisneros, quien aspira a ser candidato de MORENA al gobierno del estado.
Un personaje incómodo para Eric Cisneros y su estructura era Ilario Amaya, primer encargado de la coordinación de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos hasta diciembre de 2021, cuando fue adscrito a otra entidad.
Amaya había realizado importantes detenciones de bandas de polleros que operaban desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Incluso, usaban documentos falsos de organizaciones defensoras de derechos humanos para mover migrantes previo acuerdo con el personal de la SSP.
Durante su estancia en la coordinación de la GN en Coatzacoalcos no había mes que Amaya no diera un golpe a las estructuras del tráfico de personas. Por ello, el personaje resultaba ser muy incómodo para Eirc Cisneros. Conocía muy bien las presuntas corruptelas de Cisneros: ambos trabajaron juntos en la administración pública en el estado de Baja California.
El estado de Veracruz es un caso claro de Estado fallido. Por corrupción o incompetencia, en el sur de Veracruz no dejan de cometerse violaciones a los derechos humanos , masacres y se ha impuesto como una ley el llamado cobro de piso.
La semana pasada –25 de marzo –cerró con la noticia de una nueva ejecución múltiple en el municipio de Hidalgotitlán: dos familias que llevan dos años enfrascadas en un pleito por contratos de obra pública se agredieron a balazos. El saldo: cinco muertos.
Uno de los fallecidos –Jorge Sánchez –presunto constructor y cobrador de cuotas, libró un atentado en el 2022, pero en la trifulca perdió la vida su hija de cinco años de edad.
Pese al baño de sangre que enfrenta el estado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez salió a defender su estrategia de seguridad. Soslayó la violencia que se vive en la demarcación donde ocurrió la masacre y dijo que todo se trató de un pleito entre familias. Pasó por alto que mandos de la SSP y de la Fiscalía General del Estado arrastran denuncias y señalamientos desde hace dos años por esos generadores de violencia. Sin embargo, nada ocurre para recomponer el maltrecho escenario estatal, pues policías de todos los niveles están más preocupados en proteger el tráfico de migrantes y en perseguir a detractores políticos de sus jefes.
En medio de este contexto, no extraña que en Veracruz haya constante muerte de migrantes en la ruta que siguen, pues las autoridades que deberían cuidarlos solo buscan la rentabilidad: quedan a merced tanto de altos mandos de la policía como de grupos criminales.
Un caso que ilustra lo anterior fue el de la joven Emma Clarissa “N”, de origen salvadoreño, que perdió la vida en Veracruz tras ser agredida por oficiales de la GN, según determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La recomendación 111/2021 concluyó que fueron balas de la GN, en particular de la Policía Federal de Caminos, las que cegaron la vida de la menor de 12 años.
Estos hechos ocurrieron el 14 de julio de 2019 en la carretera federal 180, a la altura del municipio de Agua Dulce, considerado como uno de los más riesgosos para el paso de migrantes.
Los riesgos van en aumento, En mayo de 2022, en Playas de Tonalá, Agua Dulce, murieron ahogados seis migrantes de diversas nacionalidades.
La tragedia ocurrió cuando la lancha en la que viajaban zozobró. Trataban de llegar a las costas del municipio de Catemaco. Tomaron la vía fluvial porque pretendían evitar los retenes de las autoridades veracruzanas, donde los costos por cruzar son cada vez más altos.
Debido al incremento de la violencia contra migrantes y ciudadanos detenidos a los que les cargan delitos fabricados por parte de la Fiscalía Estatal, las recomendaciones de la CNDH van en aumento. Sin embargo, el gobierno estatal se ha mostrado renuente a aceptarlas.
Actualmente, el gobierno de Veracruz fue emplazado por la CNDH, por medio del Senado de la República, para que el gobernador y la Fiscal General, Verónica Hernández, comparezcan en el Senado de la República para explicar por qué no están aceptando las recomendaciones ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos que cometen elementos de la SSP y de la Policía Ministerial.Abogados, juristas y académicos consultados al respecto sostienen que el gobierno de García Jiménez es igual que el que encabezó Javier Duarte de Ochoa, en cuyo periodo altos funcionarios se ligaron al crimen organizado y se implantó un récord de desapariciones forzadas. De ahí que haya tantas fosas clandestinas en la entidad.
Una de esas recomendaciones es la 146/2021, dirigida al gobierno de Veracruz por la CNDH tras la detención ilegal de seis personas ocurrida el 3 de septiembre de 2021 en las inmediaciones de un centro comercial en Xalapa, donde elementos de la SSP así como de la Fiscalía del Estado sembraron armas y droga para criminarlas.
También los acusaron de ultraje a la autoridad, delito que fue anulado por la Suprema Corte de Justicia al comprobarse que era usado para reprimir a personas de bien y a empresarios que no se alineaban con los intereses del gobierno de Veracruz.
Con ese delito como instrumento, las cárceles del estado se llenaron en poco tiempo. En su mayoría se trataba de personas que se enfrentaban a la policía con cuchillos oxidados o en mal estado.
Los seis jóvenes salieron de la cárcel tras las gestiones y presiones del senador Ricardo Monreal, quien enfrentó al gobierno del estado hasta que echó abajo ese delito que tanto daño causó y, en venganza, las autoridades veracruzanas procedieron a detener José Manuel del Río Virgen, secretario Técnico en el Senado de la República, y hombre cercano a Monreal, quien fue liberado en junio de 2022 al comprobarse que todo se trató de un invento de la Fiscalía de Veracruz, controlada por Cisneros Burgos. El caso se interpretó como una venganza de Eric Cisneros contra Monreal.
No es todo: Anulado el delito de ultrajes a la autoridad, el gobierno de García Jiménez buscó otro instrumento para reprimir: modificó el Código Penal del estado de Veracruz para incrementar penas por el delito contra las instituciones de seguridad pública municipal, penalizado en el artículo 371.
Ahora la pena es de seis meses a dos años de prisión a quien agreda a elementos de la ley en el cumplimiento de sus funciones.
Así, con este delito, las autoridades veracruzanas no paran de detener a quien se les antoja o por consigna de Eric Cisneros Burgos.
De esta manera siguen con sus persecuciones, con la represión y con la siembra de terror en la entidad, pues suelen detener a delincuentes de bajo perfil –en el peor de los casos les fabrican delitos para justificar su trabajo –mientras los jefes de plaza, generadores de violencia, viven sin ser molestados.
Todo este escenario es del conocimiento de las autoridades estatales, entre ellos del gobernador Cuitláhuac García, Eric Cisneros, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y Rafael Ángel González Uscanga.
El caso de la violencia en Veracruz también se conoce y muy bien en Estados Unidos. En su último informe sobre derechos humanos en México, el Departamento de Estado del gobierno norteamericano reprobó a Veracruz por aspectos como abusos en las detenciones cometidas por personal de la Fiscalía y de la SSP; violaciones a los derechos de los migrantes que cruzan por el estado, así como por la violencia contra los periodistas.
El estado de violencia se ha construido en tan sólo cuatro años de gobierno. Ciudadanos veracruzanos consultados vía telefónica coinciden que el desastre que padece Veracruz es responsabilidad de tres hombres el gobernador Cuitláhuac García, su secretario de Gobierno, Eric Cisneros y el titular de la SS, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
–¿Deberían estar fuera del poder? –se le pregunta a Benjamín Rodríguez Cruz.
–Deberían estar presos y sumidos en una cadena perpetua.
La corrupción que impera en el tráfico de migrantes no es distinta de la que priva en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el pasado lunes murieron calcinados 39 migrantes de diversos países: algunos acusan a las autoridades de extorsionarlas y violarles sus derechos humanos. Y de ello acusan al Instituto Nacional de Migración (INM) que, junto con policías y funcionarios estatales, encaban un cártel dedicado a la explotación del tráfico humano.
Reportaje de Ricardo Ravelo
Información de Sinembargo.mx