Veracruz - Boca del Río | 2023-07-25
Alejandro Rincón Gómez cubría su turno como operador de la planta de tratamiento de aguas residuales de Río Medio el 16 de julio del 2016 cuando le avisaron que estaba despedido, sin el pago de una liquidación justa por sus 22 años de trabajo.
Ese día, la de empresa privada Grupo MAS asumió el control de los servicios de agua potable en los municipios de Medellín y Veracruz, mientras casi 2 mil empleados del Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) eran echados a la calle.
Después de siete años de lucha laboral, el tema que fue llevado a la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la corresponsal del periódico IMAGEN DE VERACRUZ este 24 de julio y revivió la esperanza de empleados que desde entonces se mantienen en lucha para conseguir una liquidación justa.
Alejando es uno de los trabajadores que monta guardia desde el día que fue despedido en las que entonces eran oficinas administrativas del extinto SAS, ubicadas en la avenida Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz.
Hasta antes de perder su empleo, el obrero era responsable de mantener a cinco integrantes de su familia, ahora subsiste con el apoyo económico de su esposa y empleos temporales que llegan una o dos veces al mes, con lo que genera dinero para ir cubriendo las necesidades básicas y, a veces, el pago de deudas.
“Estuve trabajando pegando azulejos, fontanería que es algo que aprendí aquí y algunos otros trabajos que van saliendo, con los que tratamos de sacar el día. En una semana puedo ganar 2 mil 500 pesos, pero ese dinero muchas veces es algo que ya tengo destinado para algunos pagos que debo hacer”.
Cuando recuerda el día que fue despedido, comparte que fue un momento complicado porque no sabía cómo explicarle a su familia. En ese entonces sus hijos tenían 12 y 18 años, al mayor tuvo que pedirle que pausara sus estudios universitarios, en lo que conseguían estabilizarse del golpe económico.
Alejandro dijo que tuvo que reducir los gastos escolares y de alimentación, además de que a veces se quedaba corto para cubrir los pagos de agua, luz y predial.
El plantón en el que se encuentra Alejandro Rincón fue instalado desde que se dieron cuenta que la nueva empresa concesionaria, Grupo MAS, y los ayuntamientos de Medellín de Bravo y Veracruz, no estaban dispuestos a cubrir la liquidación al cien por ciento que les correspondía.
Además, en ese momento tampoco había respuesta de los adeudos que arrastraba el SAS en su último año y medio, por el pago de diversas prestaciones y cuotas que les eran descontadas a los trabajadores.
En el inmueble, se quedó resguardado el parque vehicular en donde destacan maquinaria tipo vactor para realizar desazolves de alcantarilla y que la empresa privada prefirió que se echara a perder, antes que entablar un dialogo con los empleados.
Angélica Navarrete Mendoza, secretaria general del Sindicato Teniente José Azueta del SAS Metropolitano, indicó que la lucha laboral inició cuando la empresa Grupo MAS y los ayuntamientos, en ese momento a cargo del priista Ramón Poo Gil, en Veracruz; y del panista, Luis Enrique Pérez en Medellín; decidieron despedir a los obreros del organismo en lugar de hacer un cambio patronal, como lo establecía el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo.
Del mismo modo, afirmó que se enfrentaron a la negativa para cubrir pagos de liquidación conforme a la Ley, ya que se les ofreció el pago de finiquitos que no eran adecuados al tiempo laborado y los sueltos que tenían registrados en el IMSS.
Además, para el momento de la extinción del SAS, el organismo adeudaba mil 300 millones de pesos en diversas prestaciones y cuotas que eran descontadas a los trabajadores, como caja de ahorro, que se negaron a pagar.
Después de siete años, mil empleados sindicalizados y 35 de confianza del extinto SAS se mantienen en la lucha laboral para exigir una indemnización justa o la reinstalación en sus puestos de trabajo.
Algunos desistieron por la presión de no tener ingresos, pero al menos 35 fallecieron en este tiempo de enfermedades como el covid-19 o en accidentes, sin conseguir que se respetaran sus derechos, afirmó Angélica Navarrete.
Como parte de las acciones para presionar a las autoridades, el 28 de mayo de este 2023 iniciaron un plantón frente al palacio municipal de Medellín de Bravo, en donde reclaman que el alcalde Marcos Isleño no haya cumplido su palabra dada en la campaña electoral del 2021, de desincorporarse del Grupo MAS.
“Nosotros siempre tuvimos la esperanza, nos pidió un año, que él retomaría el asunto y se resolvería, pero pasó un año y no vimos claro, nos reunimos con él en diferentes ocasiones para recordarle, él nos dijo que estaba trabajando, pero pasó un año dos meses y vimos que lejos de resolver el problema de nosotros estaba concesionando más el agua en la zona de Puente Moreno”.
“Cuando nosotros vimos esa petición que hizo al Congreso del Estado nos dimos cuenta que estaba traicionando su palabra, que nos estaba traicionando a nosotros, entonces hicimos plantones, manifestaciones y al día de hoy tenemos un plantón de más de 50 días en Medellín y él nos ha desconocido, nos ha agredido descalificándonos”, dijo la lideresa sindical.
El 20 de julio pasado, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, afirmó que los usuarios de la zona conurbada de Veracruz padecen el peor servicio de agua potable del país, debido a las deficiencias del Grupo MAS.
Lo anterior es respaldado por la dirigente del sindicato del extinto SAS, Angélica Navarrete, quien afirmó que además del conflicto laboral que existe, los usuarios deben aguantar el mal servicio que brinda la empresa privada.
Señaló que, contrario a lo prometido con el ingreso de la empresa privada, se tiene un servicio con tarifas elevadas, abusos en contra de usuarios y mala calidad en el agua que significa un grave problema de salud pública.
Alejandro Rincón Gómez coincide y afirma que a todo lo anterior se suma la mala operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales que él trabajó por más de 20 años, ya que la falta de personal especializado ha causado que estas no presten el servicio adecuado para sanear las aguas; además, la mala operación propició hundimientos en diversos puntos de la ciudad.
“Las plantas de tratamiento no las trabajan adecuadamente, porque se debe trabajar en tres turnos y ahora no se hace así, ahora solo dedican un rato de dos o tres horas, prenden bombas un rato, luego van a apagarlas y es el problema que hay en calles de hundimientos, porque al momento que ellos apagan el agua se queda estancada en las tuberías y a la hora que encienden las bombas dejan sin agua las tuberías, se genera aire y eso rompe las tuberías, eso causa los hundimientos en las calles”.
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